Version du 25 juin 2023 à 11:30

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El Estado moderno es un concepto central de la ciencia política. Se refiere a una entidad territorial que ejerce una autoridad soberana y cuyo gobierno tiene el poder de elaborar y aplicar leyes, administrar justicia y controlar los recursos. Esta entidad se caracteriza por su legitimidad, su soberanía, su territorio delimitado y su población.

Como disciplina, la ciencia política se dedica al estudio del Estado moderno, sus instituciones y los procesos que configuran las políticas públicas. También examina las estructuras de poder, las ideologías, la política internacional y las diversas formas de gobernanza. El Estado moderno desempeña un papel esencial en la definición de la identidad política de un país. Es la entidad que organiza y define la vida política, social y económica de una nación. El Estado moderno también es responsable de proteger los derechos humanos y garantizar la justicia social. El concepto de Estado moderno ha evolucionado con el tiempo. Hoy en día, se asocia a menudo con conceptos como el Estado del bienestar, que sugiere que el Estado tiene la responsabilidad del bienestar social y económico de sus ciudadanos. Además, con la globalización y los retos contemporáneos como el cambio climático y la ciberseguridad, el papel y la naturaleza del Estado moderno evolucionan constantemente. Al analizar estas transformaciones y estudiar diferentes modelos de Estado en todo el mundo, la ciencia política desempeña un papel crucial en nuestra comprensión del Estado moderno.

El Estado puede entenderse y analizarse desde varios ángulos, poniendo de relieve distintas facetas de su funcionamiento.

El Estado como conjunto de normas - teorías políticas normativas: Desde esta perspectiva, el Estado se considera un conjunto de principios, reglas y normas que rigen su funcionamiento y el modo en que se espera que se comporten sus ciudadanos. Es el estudio del ideal de Estado, de los principios éticos y morales que deben guiar sus acciones. Las teorías políticas normativas tratan de definir lo que debe ser un buen Estado, cuáles deben ser sus objetivos y cómo debe alcanzarlos.
El Estado como lugar de poder y autoridad: En este caso, la atención se centra en el Estado como entidad que detenta y ejerce el poder. El Estado es visto como la máxima autoridad que controla la sociedad y tiene el poder de hacer cumplir sus leyes y normas. El objetivo es explorar cómo el Estado utiliza este poder, cómo se impugna, negocia y distribuye, y cómo influye en las relaciones sociales y políticas.
El Estado como conjunto de instituciones y sus efectos: En esta perspectiva, la atención se centra en el Estado como conjunto de instituciones -como el gobierno, el poder judicial, la administración pública, etc.- que tienen efectos concretos en la sociedad. - que tienen efectos concretos en la sociedad y en la vida de los ciudadanos. Este enfoque examina cómo se estructuran estas instituciones, cómo interactúan, cómo influyen en las políticas públicas y cómo afectan al bienestar de los ciudadanos.

Estos tres enfoques proporcionan un marco analítico útil para comprender el Estado moderno, sus papeles y funciones, y su impacto en la sociedad. También proporcionan una base para comprender los retos y oportunidades a los que se enfrenta el Estado en el contexto contemporáneo.

El concepto de Estado

Definición del Estado

El Estado es un concepto complejo que ha evolucionado con el tiempo y varía según los contextos históricos y culturales. Fundamentalmente, el Estado es una entidad política con soberanía sobre un territorio y una población definidos. Tiene poder para elaborar y aplicar leyes, imponer el orden, controlar y defender su territorio y mantener relaciones con otros Estados.

Los fundamentos del Estado se remontan a la Antigüedad, con ejemplos tempranos en Egipto, Grecia y China.

En el antiguo Egipto, el concepto de Estado estaba vinculado a la figura del faraón, considerado un dios viviente y con poder absoluto sobre el territorio y el pueblo. La burocracia estatal estaba organizada para servir al faraón y administrar el país.
En la antigua Grecia surgió la idea de la ciudad-estado, donde un territorio urbano y su campo circundante formaban una unidad política independiente, o "polis". Se trataba de una comunidad de ciudadanos libres que participaban directamente en la toma de decisiones políticas, un concepto que sentó las bases de la democracia.
En la antigua China, el Estado se organizaba en torno a la noción del "Mandato del Cielo", según la cual el gobernante, o emperador, tenía derecho a gobernar siempre que mantuviera el orden y la prosperidad. El papel del Estado era garantizar la armonía social y mantener el orden cósmico.

El concepto moderno de Estado, tal como lo conocemos hoy, empezó a tomar forma en Europa Occidental a finales de la Edad Media, con el declive del feudalismo y el advenimiento del Renacimiento. Durante el periodo feudal, el poder estaba muy descentralizado. Los señores locales tenían un poder considerable sobre sus tierras y súbditos, y la autoridad del rey era a menudo limitada. Además, el papado y el imperio ejercían una gran influencia en la vida política y social. Sin embargo, con el declive del sistema feudal y el auge de las ciudades y el comercio durante el Renacimiento, el poder comenzó a centralizarse. Los reyes empezaron a consolidar su autoridad, a establecer administraciones centralizadas y a afirmar el control sobre sus territorios. Fue en esta época cuando surgieron los primeros Estados-nación, con fronteras definidas y autoridad centralizada. El declive de la influencia del papado y de las instituciones imperiales también desempeñó un papel clave. Con el declive de estas autoridades supranacionales, los reyes pudieron afirmar su soberanía y asumir el control de su territorio y su población. Estas transformaciones sentaron las bases del Estado moderno. Sin embargo, hay que señalar que el proceso de formación del Estado difirió mucho de una región a otra y de un país a otro, y que el concepto de Estado ha seguido evolucionando y desarrollándose hasta nuestros días.

El surgimiento del Estado moderno es un tema de estudio amplio y complejo, y muchos investigadores han contribuido a nuestra comprensión de este proceso. Uno de los más importantes es sin duda Charles Tilly, sociólogo y politólogo estadounidense más conocido por sus trabajos sobre la evolución de los Estados europeos. Tilly propuso la idea de que la aparición del Estado moderno en Europa estuvo estrechamente vinculada a la guerra. En su libro "Coercion, Capital, and European States, AD 990-1992", sostiene que los Estados que consiguieron movilizar recursos para la guerra lograron centralizarse y desarrollarse. En otras palabras, la necesidad de reunir ejércitos, recaudar impuestos para financiar las guerras y mantener el orden interno condujo a la creación de administraciones centralizadas y a la consolidación de la autoridad estatal. También subrayó la importancia del conflicto social interno en la formación del Estado, en particular la forma en que los Estados respondían a las revueltas y levantamientos. La teoría de Tilly ha influido notablemente en nuestra comprensión de la evolución del Estado. Sin embargo, cabe señalar que su teoría se aplica principalmente a Europa, y que la aparición del Estado moderno puede variar considerablemente en función de los contextos históricos, culturales y geográficos.

Para Charles Tilly, para explicar la formación del Estado moderno hay que tener en cuenta tres grandes dinámicas históricas:

la importancia de la guerra y la tendencia creciente del Estado a monopolizar la coerción, lo que provocará un contraste entre la esfera estatal, donde reina la violencia, y la esfera de la vida civil, donde no reina la violencia. En su opinión, la guerra desempeñó un papel central en el surgimiento del Estado moderno en Europa, debido a su impacto en la organización política y social. Según Tilly, la necesidad de que los soberanos destinaran importantes recursos a la guerra, sobre todo como consecuencia de los avances en tecnología militar (como la introducción de la pólvora en el siglo XV), condujo a una mayor centralización del poder. Para financiar guerras cada vez más costosas, los soberanos tuvieron que desarrollar una burocracia eficiente para recaudar impuestos de forma regular y sistemática. Esto condujo a la creación de un "presupuesto estatal", una importante innovación en la organización del Estado. Además, la necesidad de reclutar hombres para la guerra y de suministrar equipos y alimentos llevó a la creación de departamentos gubernamentales especializados. Esto también contribuyó al crecimiento de la burocracia estatal. Por último, la capacidad del Estado para cobrar impuestos a sus súbditos se vio acompañada de una creciente demanda por parte de éstos de tener voz en el gobierno. Esto condujo a la aparición de asambleas públicas y al establecimiento de ciertas formas de representación política. Las guerras, cada vez más costosas, exigían cada vez más recursos, lo que impulsó a los gobernantes a desarrollar sistemas fiscales más eficaces y regulares. La gestión de estos fondos condujo a la conceptualización del "presupuesto estatal", una innovación que sigue siendo fundamental en la gestión de los Estados modernos. Para apoyar estos esfuerzos bélicos, los gobernantes también tuvieron que desarrollar una burocracia cada vez más compleja. Esto incluyó la creación de departamentos gubernamentales dedicados a la movilización y el mantenimiento de los ejércitos, la provisión de material de guerra y el suministro de alimentos. La burocracia también fue necesaria para administrar el sistema tributario, cada vez más sólido. Además, a medida que el Estado aumentaba su capacidad para recaudar impuestos, los súbditos empezaron a exigir mayor representación y responsabilidad a sus gobernantes. Esta dinámica contribuyó a la aparición de asambleas públicas y al establecimiento de ciertas formas de representación política. En resumen, la tesis de Tilly sugiere que la dinámica de la guerra fue un factor importante en la aparición del Estado moderno y su burocracia. Sin embargo, cabe señalar que esta teoría tiene sus críticos, y que otros factores también pueden haber desempeñado un papel importante en la evolución del Estado.
La llegada y el desarrollo económico del capitalismo de mercado. A partir del siglo XV se produjo una profunda transformación económica vinculada al auge del comercio y las finanzas. A partir del siglo XV, el auge del comercio y las finanzas provocó profundas transformaciones económicas. El desarrollo del capitalismo mercantil, con su predominio de las actividades comerciales y bancarias, condujo a una creciente urbanización y a una intensificación del comercio. Esto condujo a la aparición de un nuevo grupo social, la burguesía, formado por mercaderes y comerciantes que se beneficiaban de la producción y el comercio de mercancías. A diferencia del campesinado, la burguesía era un grupo social políticamente libre que desempeñaba un papel clave en la financiación de los Estados, ya que acumulaba capital y prestaba dinero a los gobernantes. Charles Tilly también subrayó la importancia de la monetarización de la economía en este proceso. En su opinión, en las regiones donde la economía estaba muy monetarizada tendían a surgir los Estados más centralizados y poderosos. Además, la presencia de ciudades comerciales en el territorio de un Estado influía significativamente en su capacidad para movilizar recursos para la guerra.
cambios en la ideología y las representaciones colectivas que condujeran a un fortalecimiento de la legitimidad del estado. Los cambios en las ideologías y las representaciones colectivas también han desempeñado un papel importante en el fortalecimiento de la legitimidad del Estado moderno. Una de las principales transformaciones fue la aparición del individualismo, que supuso una ruptura con la conciencia colectiva de la época feudal. Como ilustró el historiador George Duby en su libro "Les trois ordres", la ideología feudal se estructuraba en torno a un orden trifuncional: los que rezan (el clero), los que luchan (los caballeros) y los que trabajan (los campesinos). En este sistema, la pertenencia individual a un orden estaba en gran medida predeterminada. Sin embargo, con la aparición del individualismo, este concepto empezó a cambiar. Los individuos empezaron a verse a sí mismos no como miembros de un orden predeterminado, sino como partes contratantes en las relaciones con el soberano, los gobernantes y el gobierno. Por ejemplo, un comerciante podía verse a sí mismo como un individuo capaz de negociar su relación con diferentes gobernantes, y podía optar por ofrecer su lealtad a aquel que recaudara menos impuestos. Esta evolución ha tenido importantes repercusiones en la legitimidad del Estado. Mientras que la legitimidad del Estado feudal se basaba a menudo en el respeto a la tradición y a las jerarquías establecidas, la legitimidad del Estado moderno se basa cada vez más en su capacidad para respetar y proteger los derechos e intereses individuales. Esto ha provocado cambios importantes en la forma de organizar y gobernar el Estado.

La forma de Estado predominante en la actualidad es el Estado-nación. De hecho, la idea de Estado nación está estrechamente vinculada a la idea de soberanía nacional, que significa que un Estado se gobierna en interés de su propia población nacional. La idea del Estado nación empezó a cobrar importancia en Europa en el siglo XIX, cuando se puso en práctica como parte de los movimientos de unificación de Italia y Alemania. Estos movimientos pretendían agrupar territorios y poblaciones lingüística y culturalmente similares en una única entidad política, creando así un "Estado nación". En el siglo XX, el concepto de Estado nación se extendió mucho más allá de Europa. El colapso del Imperio Otomano al final de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, condujo a la creación de Turquía como Estado nación. La descolonización de las décadas de 1950 y 1960 también dio lugar a un gran número de nuevos Estados nación. En muchos de estos casos, las fronteras de los nuevos Estados fueron trazadas por las potencias coloniales en retirada, a menudo sin tener en cuenta las realidades étnicas o culturales sobre el terreno. Esto provocó tensiones y conflictos que aún perduran.

Según Weber, un influyente sociólogo alemán, el Estado es una "comunidad humana que, dentro de los límites de un territorio determinado... reclama con éxito para sí el monopolio de la violencia física legítima"^[1] Esta definición hace hincapié en tres aspectos principales del Estado:

Territorialidad: el Estado debe controlar un territorio específico. Se trata de la dimensión espacial del Estado, que se refiere al área geográfica sobre la que el Estado ejerce su poder.
Comunidad: el Estado es una comunidad de personas. Esta es la dimensión humana del Estado, referida a la población que el Estado gobierna.
Monopolio de la violencia legítima: el Estado tiene el derecho exclusivo de utilizar la fuerza para mantener el orden y hacer cumplir sus normas. Esto es lo que distingue al Estado de otros tipos de organización política.

La definición de Weber plantea la idea de que la legitimidad del Estado descansa en gran medida en su capacidad para monopolizar el uso de la violencia física de forma legítima. Esta capacidad es esencial para mantener el orden social y para que el Estado pueda ejercer su autoridad con eficacia. Cabe señalar que, aunque esta definición es ampliamente aceptada, también ha sido criticada y debatida. Algunos sostienen, por ejemplo, que la legitimidad del Estado no sólo se basa en su monopolio de la violencia, sino también en su capacidad para proporcionar bienes públicos, proteger los derechos humanos, promover la justicia social, etc.

El territorio como componente del Estado

El territorio es un elemento esencial en la definición del Estado, y lo distingue de la noción de "nación". En términos sencillos, el territorio se refiere a la zona geográfica delimitada y controlada por un Estado. Incluye no sólo la tierra, sino también los recursos, el espacio aéreo y, en algunos casos, las aguas territoriales y las zonas económicas exclusivas.

Por otro lado, la noción de "nación" suele definirse en términos más culturales o étnicos. Por nación se entiende generalmente un grupo de personas que comparten una identidad común basada en características como la lengua, la cultura, la etnia, la religión, las tradiciones o una historia común. Una nación puede coincidir o no con las fronteras de un Estado. Por ejemplo, la "nación navajo" en Estados Unidos, o la "nación kurda" en Oriente Medio, son naciones que no se corresponden con un Estado territorial concreto.

La idea de Estado-nación intenta combinar estos dos conceptos, proponiendo el ideal de un Estado en el que la población comparte una identidad nacional común. En la práctica, sin embargo, muchos Estados son multinacionales o multiculturales, y la alineación perfecta de nación y Estado es poco frecuente.

Los conceptos de Estado y nación no están necesariamente vinculados de forma estricta. La nación se refiere generalmente a un grupo de personas que comparten una identidad común basada en características culturales, étnicas, lingüísticas o históricas, y esta identidad puede existir independientemente de un territorio o estado específico.

El ejemplo de la comunidad judía antes de la creación del Estado de Israel ilustra perfectamente esta idea. Durante miles de años, los judíos se consideraron parte de una nación, a pesar de estar dispersos por muchos países y regiones diferentes. Este sentimiento de pertenencia a una nación judía ha persistido a pesar de la ausencia de un territorio o Estado específicamente judío.

También hay que tener en cuenta que existen naciones que no tienen Estado propio, a veces denominadas "naciones sin Estado". Los kurdos, por ejemplo, se citan a menudo como una nación sin Estado, porque aunque tienen un fuerte sentimiento de identidad nacional, no tienen su propio país independiente. Por el contrario, muchos Estados son multinacionales o multiétnicos, y albergan a varios grupos que pueden considerarse naciones separadas. Por ejemplo, en Bélgica conviven flamencos y valones, cada uno con su propia lengua y cultura.

En resumen, mientras que el Estado se refiere a una entidad política y territorial, la nación es un concepto más fluido y subjetivo, basado en el sentimiento de pertenencia a una comunidad. Ambos no siempre coinciden.

La población: esencial para la estructura del Estado

El Estado-nación, como modelo dominante de organización política, ha reforzado el vínculo entre nación y Estado y, por extensión, el vínculo entre nación y territorio. La idea que subyace al concepto de Estado-nación es que cada "nación", o pueblo con una identidad cultural común, debe tener su propio Estado. En un Estado nación ideal, las fronteras del Estado coincidirían perfectamente con la extensión de la nación.

Sin embargo, la realidad suele ser más compleja. Hay muchas naciones que no tienen Estado propio. Los kurdos son un ejemplo comúnmente citado. Por otra parte, muchos Estados son multiétnicos o multinacionales y no tienen una única "nación" que se corresponda exactamente con sus fronteras.

En cuanto a las "naciones de la diáspora", es un término que se utiliza generalmente para referirse a grupos de personas que comparten una identidad nacional común pero que están dispersas por distintos países o regiones. Los gitanos, también conocidos como romaníes, son un ejemplo de ello. Aunque no tienen asociado ningún territorio o Estado concreto, poseen una cultura, una lengua y una historia comunes que constituyen una identidad nacional.

Estos ejemplos demuestran que la relación entre nación, Estado y territorio puede variar considerablemente y a menudo es mucho más compleja de lo que parece a primera vista.

El Estado, como concepto y como realidad tangible, es una construcción humana. Es producto de la historia, las relaciones de poder, las ideologías y las instituciones creadas por los seres humanos. El Estado no es sólo una entidad política y jurídica que gobierna un determinado territorio, es también una comunidad de personas. Sin sus ciudadanos, un Estado no tendría razón de ser. Las personas que viven en un Estado son a la vez sujetos de su poder y beneficiarios de sus servicios. Contribuyen a su prosperidad con su trabajo, pagan impuestos para financiar sus actividades, obedecen sus leyes y participan (en la mayoría de los casos) en su proceso político. Además, el Estado tiene una responsabilidad para con sus ciudadanos: proteger sus derechos y libertades, prestar servicios públicos, mantener el orden y promover el bienestar general. La relación entre un Estado y sus ciudadanos es, por tanto, fundamental para su legitimidad y funcionamiento.

Por eso puede decirse que un Estado sin habitantes es inconcebible. Sin personas que lo constituyan, lo gobiernen y sean gobernadas por él, un Estado no tendría ni sustancia ni sentido.

El monopolio de la coacción física legítima: un aspecto único del Estado

En muchas sociedades históricas, el poder, la violencia y la coerción eran mucho más difusos. El monopolio de la violencia legítima por parte del Estado es una característica del sistema estatal moderno, pero no siempre fue así. Antes de la aparición de los Estados modernos, la capacidad de ejercer la violencia solía estar distribuida entre distintos grupos e instituciones. Por ejemplo, en la Edad Media europea, la violencia legítima se repartía entre diversos actores, como los señores feudales, la Iglesia, las ciudades autónomas, etc. Cada uno de estos actores podía ejercer una forma de violencia. Cada uno de estos actores podía ejercer una forma de violencia legítima en determinados contextos. Con la aparición del Estado moderno, el proceso de centralización del poder condujo gradualmente al establecimiento del monopolio estatal de la violencia legítima. Esta evolución suele estar vinculada a la necesidad de mantener el orden, asegurar las fronteras y controlar los conflictos internos. Sin embargo, incluso en los Estados modernos, la violencia y la coacción pueden ser ejercidas a veces por otros actores, como grupos criminales u organizaciones paramilitares. Estas situaciones suelen considerarse desafíos a la autoridad del Estado y a su monopolio de la violencia.

Según Tilly, "la actividad del Estado en general, y de ahí su aparición, ha creado un agudo contraste entre la violencia de la esfera estatal y la no violencia de la vida civil". Los Estados europeos provocaron este contraste, y lo hicieron estableciendo medios de coerción reservados y prohibiendo a las poblaciones civiles el acceso a estos medios. No hay que subestimar la dificultad ni la importancia del cambio; durante la mayor parte de la historia europea, la mayoría de los hombres siempre estuvieron armados. Además, en todos los Estados, los potentados locales y regionales disponían de medios de coerción suficientes, muy superiores a los del Estado si se reunían en coalición. Durante mucho tiempo, en muchas partes de Europa, los nobles tuvieron derecho a librar guerras privadas, y los bandidos florecieron en casi todas partes a lo largo del siglo XVII. En Sicilia, los mafiosos, profesionales de la violencia patentada y protegida, siguen aterrorizando hoy a la población. Fuera del control del Estado, a menudo la gente sacaba provecho del uso razonado de la violencia. Sin embargo, desde el siglo XVII, los gobernantes han conseguido inclinar la balanza a favor del Estado y no de sus rivales; han hecho ilegal e impopular el porte de armas personales, han ilegalizado las milicias privadas y han conseguido justificar los enfrentamientos entre policías armados y civiles armados. Al mismo tiempo, la expansión de las propias fuerzas armadas del Estado empezó a superar el arsenal disponible para los posibles rivales nacionales".

Este pasaje de Charles Tilly pone de relieve un cambio clave en la transición hacia los Estados modernos: el creciente monopolio de la violencia legítima por parte del Estado. Este proceso no fue fácil ni rápido, porque en el pasado muchos actores podían utilizar legítimamente la fuerza. Por ejemplo, los señores feudales podían librar guerras privadas y muchos hombres corrientes iban armados. Sin embargo, con el tiempo, los Estados consiguieron restringir gradualmente el acceso a los medios de coacción y monopolizar la violencia. Prohibieron las milicias privadas, declararon ilegal e impopular el porte de armas personales y crearon poderosas fuerzas policiales y ejércitos estatales. Al mismo tiempo, deslegitimaron el uso de la fuerza por parte de otros actores, como nobles y bandidos. Sin embargo, Tilly señala que este proceso no fue del todo completo ni uniforme. En Sicilia, por ejemplo, organizaciones como la mafia siguieron utilizando la violencia con eficacia, a pesar del control estatal. Además, en muchas partes del mundo, la violencia privada y no estatal sigue siendo un importante desafío para el orden público y la legitimidad del Estado. Por tanto, la cita de Tilly pone de relieve la importancia del monopolio de la violencia legítima para la constitución de los Estados modernos, pero también nos recuerda que este monopolio nunca es absoluto y que a menudo se pone en tela de juicio.

Uno de los aspectos clave de la definición de Estado moderno de Max Weber es el monopolio de la violencia legítima. En otras palabras, en una sociedad bien organizada y estable, sólo el Estado tiene derecho a utilizar la fuerza para mantener el orden y hacer cumplir la ley. Este monopolio es crucial para el funcionamiento del Estado moderno. Permite al Estado mantener el orden público, proteger los derechos y libertades de los ciudadanos y hacer cumplir las leyes con eficacia. Al mismo tiempo, limita las posibilidades de que agentes no estatales, como grupos delictivos o particulares, utilicen la violencia para conseguir sus fines. Sin embargo, hay que señalar que este monopolio del Estado no siempre es completo o incontestable. Hay muchos casos en los que actores no estatales ejercen una violencia significativa, ya sea a través de la delincuencia organizada, la violencia doméstica o la rebelión armada. Además, en determinadas circunstancias, el propio Estado puede abusar de su monopolio de la violencia, dando lugar a violaciones de los derechos humanos y a la tiranía. En general, el monopolio de la violencia por parte del Estado es una característica clave del Estado moderno, pero también es fuente de muchos retos y tensiones.

El concepto de que el Estado tiene el monopolio de la fuerza legítima es una idealización que no siempre refleja la compleja y matizada realidad sobre el terreno. En muchos países del mundo hay grupos armados no estatales que desafían el monopolio del Estado sobre el uso de la fuerza. En muchos casos, estos grupos son capaces de controlar territorios, ejercer una autoridad sustancial sobre las poblaciones locales y llevar a cabo operaciones militares o paramilitares contra el Estado u otros actores. El Ejército Republicano Irlandés (IRA) en Irlanda del Norte y Hamás en los Territorios Palestinos son ejemplos notables de este tipo de grupos. Estas situaciones plantean muchas cuestiones difíciles sobre la legitimidad, la autoridad y el control de la violencia. Por ejemplo, cuando un grupo no estatal controla un territorio y ejerce autoridad sobre su población, ¿puede considerarse un Estado de facto? Y si un grupo no estatal cuenta con el apoyo de gran parte de la población local, ¿le confiere esto cierta legitimidad para utilizar la fuerza? Estas preguntas son muy controvertidas y no hay respuestas sencillas. Sin embargo, ponen de manifiesto que la realidad de la política, el poder y la violencia es a menudo mucho más compleja de lo que podrían sugerir las teorías simplificadas sobre el Estado y el monopolio de la violencia.

La legitimidad del uso de la fuerza por parte del Estado es un concepto que depende en gran medida de la perspectiva y el contexto. El uso de la fuerza puede considerarse legítimo si el propio gobierno que la ejerce se considera legítimo y si el uso de la fuerza se considera necesario y proporcionado para mantener el orden público, la seguridad nacional o para hacer cumplir la ley. Sin embargo, es importante subrayar que incluso si un gobierno se considera legítimo en general, esto no significa que todos sus usos de la fuerza se consideren necesariamente legítimos. Hay muchos ejemplos en la historia en los que los gobiernos han utilizado la fuerza de forma abusiva u opresiva, que han sido ampliamente condenados como ilegítimos. Además, la cuestión de la legitimidad puede estar muy influida por factores como la cultura, la religión, la historia, las ideologías políticas y las relaciones de poder. Por ejemplo, lo que se considera un uso legítimo de la fuerza en una sociedad puede considerarse totalmente ilegítimo en otra. Por último, cabe señalar que la noción de legitimidad no siempre está claramente definida ni es universalmente aceptada. Lo que para unos puede considerarse un "luchador por la libertad", para otros puede ser visto como un "terrorista". Esta ambigüedad y subjetividad a menudo pueden hacer que los debates sobre la legitimidad del uso de la fuerza sean muy complejos y controvertidos.

En algunos casos, los grupos armados pueden justificar el uso de la fuerza como respuesta a la represión o a la injusticia percibida cometida por el Estado u otras autoridades legítimas. Estos grupos pueden argumentar que utilizan la violencia para defenderse a sí mismos, a su comunidad o a una autoridad opresora. Esta es una razón común para los conflictos armados, la guerra de guerrillas o los movimientos de resistencia. Sin embargo, es importante señalar que, aunque estos grupos reivindiquen la legitimidad de su uso de la violencia, esto no significa necesariamente que su uso sea reconocido como legítimo por otros, incluida la comunidad internacional, otros ciudadanos o incluso otros miembros de su propia comunidad. Además, el uso de la violencia por parte de estos grupos puede provocar a menudo violaciones de los derechos humanos, daños colaterales y otras consecuencias negativas para civiles inocentes. En última instancia, la cuestión de si el uso de la fuerza es legítimo o no puede ser muy compleja y controvertida, y puede depender de multitud de factores, como el contexto específico, las motivaciones de los actores implicados y las normas y valores de la sociedad.

Definiciones contemporáneas del Estado

La naturaleza compleja y multidimensional del Estado significa que no puede reducirse a una definición simple o universal. Las múltiples definiciones del Estado reflejan diferentes perspectivas disciplinarias, enfoques teóricos, contextos históricos y políticos, así como variaciones culturales y regionales.

En distintas disciplinas como la ciencia política, el derecho, la sociología, la economía o la historia, el enfoque para entender el Estado varía. Por ejemplo, un jurista puede examinar el Estado desde el punto de vista de la estructura jurídica y las leyes, mientras que un sociólogo puede centrarse en las relaciones de poder y las instituciones sociales. Además, la concepción del Estado ha evolucionado con el tiempo y varía según los contextos históricos. Por lo tanto, las definiciones contemporáneas del Estado pueden reflejar distintas fases de su desarrollo histórico. La naturaleza del Estado también puede variar de una región o cultura a otra. Las definiciones occidentales del Estado pueden no aplicarse del mismo modo en contextos no occidentales. Además, la interpretación del Estado puede verse influida por las ideologías políticas. Una perspectiva marxista, por ejemplo, podría ver al Estado como un instrumento de la clase dominante, mientras que una perspectiva liberal podría verlo como un árbitro neutral entre diferentes intereses sociales. Por último, dada la complejidad inherente al Estado, que comprende una multitud de actores, instituciones, normas y procesos, no es de extrañar que existan muchas formas de definirlo. Estas diversas definiciones nos ayudan a captar las distintas facetas del Estado y a comprender mejor su papel y su funcionamiento en diferentes contextos.

Las definiciones más comunes son las siguientes:

Definición jurídica: Un Estado es un sujeto de derecho internacional con un territorio definido, una población permanente, un gobierno y la capacidad de entablar relaciones con otros Estados. Esta definición, ampliamente utilizada en derecho internacional, se asocia a menudo con la Convención de Montevideo de 1933.
Definición de Max Weber: Para el sociólogo Max Weber, un Estado es una entidad que reclama con éxito el monopolio de la violencia física legítima en un territorio determinado. Esta definición hace hincapié en la capacidad del Estado para mantener el orden y hacer cumplir la ley a través de su monopolio de la violencia legítima.
Definición institucional: Algunos teóricos políticos definen el Estado en términos de organizaciones e instituciones. Según este punto de vista, un Estado es un conjunto de instituciones políticas (como el gobierno, las burocracias, las fuerzas armadas, etc.) que poseen autoridad sobre un territorio específico y su población.

Según la definición de Charles Tilly en su artículo de 1985 War Making and State Making as Organized Crime, los estados son "[Los estados son] organizaciones relativamente centralizadas y diferenciadas, cuyos funcionarios, en mayor o menor medida, reclaman con éxito el control de los principales medios concentrados de violencia dentro de una población que habita un gran territorio contiguo".^[2] La cita de Charles Tilly de su artículo de 1985, "War Making and State Making as Organized Crime", ofrece una definición sucinta pero profunda del Estado. Según Tilly, los Estados son "organizaciones relativamente centralizadas y diferenciadas, cuyos dirigentes reclaman, en mayor o menor medida, el control de los principales medios de violencia concentrados en una población que habita un vasto territorio contiguo".

Esto subraya algunos puntos clave de su concepción del Estado:

Centralización: los Estados son organizaciones en las que el poder está concentrado y organizado en torno a una autoridad central. Esta centralización permite una mejor coordinación y un control más eficaz de las distintas funciones y responsabilidades del Estado.
Diferenciación: Los Estados se componen de muchas partes diferentes, cada una con sus propias funciones y responsabilidades. Esta diferenciación permite al Estado desempeñar una multitud de funciones necesarias para su supervivencia y funcionamiento eficaz.
Control de la violencia: Un aspecto crucial de la definición de Tilly es la afirmación de que los Estados reclaman el control de los principales medios de violencia. Esto significa que tienen el monopolio del uso legítimo de la fuerza física dentro de su territorio. Este monopolio es esencial para mantener el orden y la autoridad del Estado.
Población y territorio: El Estado también se define por la población que gobierna y el territorio que controla. Estos dos aspectos son cruciales para la existencia y el funcionamiento de un Estado.

La definición de Tilly ofrece una visión pragmática y realista del Estado, haciendo hincapié en sus capacidades coercitivas y en su papel como entidad organizada con el monopolio de la violencia.

La definición de Estado propuesta por Douglass North en su libro de 1981 "Structure and Change in Economic History" subraya la importancia de la violencia y el poder fiscal en la estructuración de los límites del Estado. North define el Estado como "una organización con una ventaja comparativa en la violencia, que se extiende sobre un área geográfica cuyos límites están determinados por su poder para gravar con impuestos a sus constituyentes".^[3]

Ventaja comparativa en violencia: Este concepto se refiere a la idea de que el Estado tiene una mayor capacidad que otras entidades para ejercer la violencia de forma legítima. Esto le permite imponer su autoridad y mantener el orden dentro de sus fronteras.
Fronteras determinadas por el poder tributario: North también hace hincapié en la importancia del poder tributario a la hora de definir las fronteras del Estado. La capacidad del Estado para recaudar impuestos sobre sus electores es un elemento esencial de su soberanía y de su capacidad para funcionar eficazmente.
Área geográfica: El Estado está definido por un área geográfica determinada. Los límites de esta zona vienen determinados por el poder del Estado para ejercer la violencia legítimamente y recaudar impuestos sobre sus electores.

Esta definición subraya la importancia de los aspectos económicos y coercitivos en la concepción del Estado, al tiempo que reconoce que el poder y el alcance del Estado pueden variar en función de su capacidad para movilizar recursos a través de los impuestos.

La definición de Estado propuesta por Clark y Golder en su libro de 2009 "Principles of Comparative Politics" se centra en el uso de la coerción y la amenaza de la fuerza para gobernar un territorio determinado. Según ellos, "un Estado es una entidad que utiliza la coerción y la amenaza de la fuerza para gobernar un territorio determinado. Un Estado fallido es una entidad similar a un Estado que no puede coaccionar y es incapaz de controlar eficazmente a los habitantes de un territorio determinado".^[4] Esta definición pone de relieve el papel crucial de la coerción en el ejercicio del poder estatal. El uso de la fuerza y la amenaza de la fuerza se consideran elementos clave de la autoridad estatal. Clark y Golder también introdujeron la noción de Estado fallido. Según ellos, un Estado fallido es una entidad que se asemeja a un Estado pero que es incapaz de ejercer eficazmente la coerción o de controlar a los habitantes de un territorio determinado. Este concepto es importante porque permite comprender la fragilidad de ciertos Estados y los problemas que pueden derivarse de su incapacidad para ejercer la autoridad de manera eficaz. En resumen, esta definición hace hincapié en la capacidad del Estado para controlar y reinar sobre un territorio mediante el uso de la coerción y la amenaza de la fuerza.

En algunas definiciones modernas del Estado, la noción de legitimidad y monopolio sobre el uso de la violencia puede estar atenuada. Esto puede reflejar en parte la compleja realidad de un mundo en el que los actores no estatales también pueden ejercer algún tipo de coerción o violencia, como es el caso de algunos grupos terroristas o del crimen organizado. Sin embargo, la noción de territorio sigue siendo fundamental en la mayoría de las definiciones de Estado. Por lo general, se reconoce que un Estado tiene control sobre un territorio concreto, aunque la realidad de este control pueda variar en la práctica. La capacidad coercitiva de un Estado no se limita al uso real de la fuerza. A veces, la mera amenaza de coacción puede bastar para mantener el orden y garantizar el cumplimiento. De hecho, la coerción funciona a menudo a través de la disuasión: el miedo a las posibles consecuencias puede impedir que los individuos se comporten de forma indeseable o ilegal. Es importante señalar que estas definiciones no son exhaustivas y pueden variar según las perspectivas teóricas y los contextos históricos y geográficos. En última instancia, el estudio del Estado requiere una comprensión matizada y multidimensional de sus diferentes aspectos y funciones.

El Estado, sea cual sea su sistema político, mantiene su poder y su orden utilizando alguna forma de coerción o la amenaza de coerción. Esta coerción puede adoptar diversas formas, como la aplicación de leyes y reglamentos, la administración de justicia, la recaudación de impuestos y el mantenimiento del orden público. La coacción fiscal es un buen ejemplo. Los impuestos son obligatorios, y quienes no los pagan pueden enfrentarse a sanciones, multas e incluso penas de prisión. Es a través de esta amenaza de coacción como el Estado puede recaudar los ingresos necesarios para proporcionar bienes y servicios públicos. Sin embargo, la legitimidad de esta coerción es crucial. En una democracia, por ejemplo, la coerción del Estado suele percibirse como legítima porque se ejerce como parte de un sistema político en el que los ciudadanos tienen poder para elegir a sus dirigentes e influir en las políticas públicas. En una dictadura, en cambio, la coacción estatal puede percibirse como ilegítima, sobre todo si se utiliza para reprimir la disidencia y violar los derechos humanos.

En realidad, el control absoluto de la coerción por parte del Estado rara vez, o nunca, se alcanza plenamente. En todas las sociedades existen diversos agentes no estatales con cierta capacidad para ejercer la coacción o resistirse a la coacción estatal. Puede tratarse de organizaciones delictivas, grupos militantes, empresas de seguridad privadas, comunidades religiosas o tradicionales, entre otros. En ocasiones, estos actores pueden desafiar o complementar la capacidad del Estado para ejercer la coerción, sobre todo en zonas en las que el Estado es débil o inexistente. Por ejemplo, en algunas partes del mundo, los grupos delictivos organizados o las milicias armadas pueden ejercer un control efectivo sobre determinados territorios, desafiando abiertamente el monopolio estatal de la violencia. Por eso es importante la noción de "ventaja comparativa" introducida por North. En lugar de describir al Estado como poseedor del monopolio absoluto de la violencia, North sugiere que el Estado simplemente tiene una ventaja comparativa en el ejercicio de la coerción. De este modo se reconoce que, aunque el Estado suele ser el actor más poderoso de una sociedad determinada, no es el único capaz de ejercer la coerción.

La noción de diferenciación es fundamental en la concepción del Estado. Se refiere a la distinción entre el Estado y la sociedad civil, en la que el Estado mantiene cierto grado de autonomía respecto a las fuerzas sociales, económicas y políticas que operan en la sociedad. La fiscalidad es un buen ejemplo de esta diferenciación. Al recaudar impuestos, el Estado ejerce su autoridad y control sobre los ciudadanos y los recursos económicos. Utiliza estos recursos para financiar diversas funciones públicas, como la defensa y la seguridad, pero también los servicios sociales, la educación, las infraestructuras y otras actividades. Al controlar estos recursos y decidir cómo se asignan, el Estado se distingue de la sociedad civil y afirma su autoridad. Como ha señalado Charles Tilly, la fiscalidad ha desempeñado un papel clave en el desarrollo histórico de los Estados modernos. Ha permitido a los Estados acumular los recursos necesarios para financiar ejércitos y guerras, reforzando su autoridad y el control sobre sus territorios. Además, la fiscalidad se ha utilizado a menudo como herramienta para unificar diversos territorios y poblaciones bajo una única autoridad estatal. Por ello, la capacidad de recaudar y gestionar los impuestos con eficacia suele considerarse una característica esencial de un Estado funcional.

El caso de los Estados fallidos

Samuel Huntington, en su teoría del orden político, sostiene que la forma de gobierno (por ejemplo, democracia, autocracia) es menos importante para el bienestar de una sociedad que el grado de gobierno, es decir, la capacidad de un Estado para administrar eficazmente sus políticas y mantener el orden.^[5] Para Huntington, la eficacia de un gobierno se mide por su nivel de burocracia, la estabilidad de sus instituciones y su capacidad para mantener el orden público y prestar servicios públicos esenciales a sus ciudadanos. Desde esta perspectiva, un Estado fuerte es aquel que puede mantener la estabilidad, el orden y proporcionar servicios básicos a sus ciudadanos, sea o no democrático. Huntington sostiene, por tanto, que el orden político debe preceder a la modernización y la democratización. En otras palabras, antes de intentar establecer una democracia, primero hay que establecer un Estado sólido y bien gestionado.

La definición dada por Clark, Golder y Golder en su libro de 2009 "Principles of Comparative Politics" se centra en la capacidad de un Estado para ejercer el poder mediante la coerción y la amenaza de la fuerza en un territorio determinado: "Un Estado es una entidad que utiliza la coerción y la amenaza de la fuerza para gobernar en un territorio determinado. Un Estado fallido es una entidad similar a un Estado que no puede coaccionar y es incapaz de controlar con éxito a los habitantes de un territorio determinado" ^[6] Según ellos, un Estado es una entidad que utiliza la coerción y la amenaza de la fuerza para gobernar un territorio determinado. Es decir, para que un Estado sea considerado como tal, debe tener la capacidad de mantener el orden, hacer cumplir las leyes y controlar efectivamente a la población dentro de sus fronteras. Esta capacidad suele estar respaldada por el uso de la fuerza, o la amenaza de la fuerza, para disuadir del incumplimiento de las leyes y normativas. Por el contrario, un "Estado fallido" es un Estado que no puede ejercer la coerción y es incapaz de controlar con éxito a los habitantes de un territorio determinado. Un Estado fallido es un Estado que, por diversas razones, ya no puede cumplir las funciones básicas de un Estado. Estos Estados suelen caracterizarse por conflictos internos, falta de control territorial, gobernanza ineficaz e incapacidad para prestar servicios públicos básicos a la población.

Cuando un Estado es incapaz de aplicar o hacer cumplir su voluntad, esto puede manifestarse de diversas maneras. Por ejemplo, puede haber un incumplimiento generalizado de la ley, cuando los ciudadanos no respetan las leyes y reglamentos establecidos por el Estado. Esto suele ser el resultado de una falta de confianza en la legitimidad del Estado o en su eficacia a la hora de hacer cumplir la ley. Además, puede haber zonas del país en las que el Estado no ejerza un control efectivo, como suele ocurrir en los Estados fallidos o en descomposición. En estas zonas, otras entidades, como grupos armados, milicias u organizaciones delictivas, pueden ejercer un control efectivo. Por último, un Estado puede ser incapaz de prestar servicios públicos básicos a sus ciudadanos, como sanidad, educación y seguridad. Esta incapacidad puede deberse a la falta de recursos, a una mala gestión o a la corrupción.

Un Estado que no dispone de medios suficientes para ejercer su coacción, o que no tiene capacidad para ejercer su autoridad de forma eficaz en su territorio, suele denominarse Estado débil o en descomposición. La capacidad de recaudar impuestos suele considerarse una función fundamental del Estado, ya que permite financiar los servicios públicos y el funcionamiento de la maquinaria gubernamental. Si un Estado es incapaz de recaudar impuestos de forma eficaz, esto puede indicar una falta de autoridad o de control sobre su territorio. También puede significar que el Estado tiene dificultades para prestar servicios básicos a sus ciudadanos, lo que a su vez puede erosionar su legitimidad y estabilidad. En casos extremos, la incapacidad de un Estado para recaudar impuestos puede contribuir a su colapso o fracaso, creando un vacío de poder que puede ser aprovechado por actores no estatales, como grupos armados u organizaciones criminales.

Los siguientes países se han enfrentado a importantes retos en materia de gobernanza, inestabilidad política y conflictos, que han mermado la capacidad de sus respectivos gobiernos para ejercer plenamente su autoridad y prestar servicios básicos a sus ciudadanos. No obstante, cabe señalar que la situación puede variar considerablemente de un país a otro, e incluso de una región a otra dentro de un mismo país. Además, estos países están trabajando activamente, a menudo con la ayuda de la comunidad internacional, para superar estos retos y mejorar su capacidad estatal. He aquí una breve descripción de la situación en cada uno de estos países:

Afganistán: Desde la retirada de las fuerzas estadounidenses y de la OTAN en 2021, el país vuelve a estar bajo control talibán. La situación política y de seguridad sigue siendo inestable, y el gobierno talibán se enfrenta a enormes desafíos para gobernar el país.
Somalia: Somalia ha estado asolada por la guerra civil desde la década de 1990. Sin embargo, desde 2012 está en marcha un proceso de estabilización política con la formación de un gobierno federal. Sin embargo, el país sigue enfrentándose a importantes problemas de seguridad, especialmente debido a las actividades del grupo militante Al-Shabaab.
Haití: Haití se enfrenta a una serie de retos en términos de gobernanza y estabilidad política. El asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021 agravó la crisis política del país. Haití también se enfrenta a grandes dificultades económicas y problemas de seguridad, como secuestros y bandidaje.
Sierra Leona: Sierra Leona sufrió una devastadora guerra civil de 1991 a 2002. Desde entonces, el país ha realizado importantes avances en la reconciliación y la reconstrucción, pero aún se enfrenta a grandes dificultades económicas y sociales.
Congo: La República Democrática del Congo (RDC) lleva décadas asolada por el conflicto y la inestabilidad política. Aunque la situación ha mejorado desde el final de la guerra del Congo en 2003, el país sigue afrontando grandes retos en materia de gobernanza, seguridad y desarrollo.
Eritrea: Eritrea es un Estado autoritario, y su gobierno ha sido criticado por violaciones de los derechos humanos. El país también se enfrenta a importantes retos económicos.

El Fondo para la Paz es una organización independiente de investigación y educación que trabaja para prevenir la guerra y reducir la violencia. Ha creado el Índice de Estados Frágiles (IEF) para evaluar la estabilidad y la presión que sufren los Estados de todo el mundo. El índice se basa en doce indicadores distintos que miden diferentes aspectos de la fragilidad de un Estado.

El Fondo para la Paz utiliza estos doce indicadores para evaluar la fragilidad de los Estados. He aquí una explicación de cada indicador:

Presión demográfica: Este indicador evalúa las posibles tensiones derivadas de factores demográficos como la superpoblación, la escasez de alimentos y recursos hídricos o la falta de infraestructuras adecuadas.
Situación humanitaria de emergencia vinculada a los movimientos de población: mide la magnitud de las crisis humanitarias provocadas por los movimientos de población, como los desplazamientos forzosos de población o los movimientos de refugiados.
Movilización de grupos por agravios (venganza): Examina hasta qué punto determinados grupos pueden movilizarse por agravios reales o percibidos, amenazando así la estabilidad del Estado.
Emigración: Mide el grado en que las personas emigran del país, a menudo como consecuencia de la precariedad de las condiciones políticas, económicas o de seguridad.
Desarrollo económico desigual entre grupos: Este indicador evalúa la diferencia de desarrollo económico entre los distintos grupos dentro del Estado, lo que puede provocar tensiones sociales y políticas.
Pobreza, declive económico: Mide la prevalencia de la pobreza y el grado de declive económico, factores ambos que pueden contribuir a la fragilidad del Estado.
Criminalización del Estado (falta de legitimidad): Este indicador evalúa hasta qué punto el propio Estado está implicado en actividades ilegales o delictivas, lo que puede erosionar su legitimidad a los ojos de la población.
Deterioro progresivo de los servicios públicos: Este indicador examina la eficacia con la que el Estado es capaz de prestar servicios públicos esenciales a su población, como educación, sanidad e infraestructuras.
Violación de los derechos humanos y del Estado de derecho: Este indicador mide hasta qué punto los derechos humanos y el Estado de derecho son violados por el Estado o con su consentimiento.
Aparato de seguridad que opera como un Estado dentro del Estado: Este indicador evalúa hasta qué punto las fuerzas de seguridad del Estado operan independientemente del control civil o legal, actuando como un "Estado dentro del Estado".
División de las élites: Este indicador mide el grado de división o conflicto entre las distintas élites del Estado, ya sean políticas, económicas, militares o de otro tipo.
Intervención de otros Estados u otros agentes externos: Mide el grado de intervención de otros Estados o agentes externos en los asuntos del Estado, lo que puede contribuir a su fragilidad.

Cada indicador se califica en una escala de 0 a 10, en la que 0 representa la menor vulnerabilidad y 10 la mayor vulnerabilidad. Sumando las puntuaciones de cada indicador se obtiene una puntuación total para cada país, que se utiliza a continuación para establecer una clasificación general de la fragilidad del Estado. Es importante señalar que el Índice de Fragilidad del Estado es una medida relativa y no absoluta de la vulnerabilidad de un Estado. Pretende dar una indicación general de la situación de un país, pero no pretende ofrecer una imagen completa o exacta de la realidad sobre el terreno. Además, el FSI es objeto de críticas y debates entre investigadores y profesionales del ámbito de la estabilidad del Estado y la prevención de conflictos.

Las siguientes cuatro categorías definidas por el Fondo para la Paz se utilizan para clasificar la estabilidad de los Estados en función de sus puntuaciones totales en los doce indicadores. Cada categoría representa un nivel diferente de estabilidad o vulnerabilidad:

Alerta: Esta categoría incluye a los Estados con las puntuaciones más altas y que, por tanto, son los más vulnerables. Estos Estados presentan niveles extremadamente preocupantes de fragilidad y riesgo de inestabilidad o conflicto. Requieren atención urgente para evitar una crisis mayor o una desestabilización. Ejemplos: Afganistán, Somalia.
Alerta: Los estados en esta categoría tienen puntuaciones bastante altas, lo que indica un nivel significativo de vulnerabilidad, aunque no tan grave como los estados en alerta. Estos Estados suelen tener problemas sistémicos que, si no se resuelven, podrían desembocar en una crisis. Ejemplos: Irak, Nigeria.
Moderado: Los Estados de esta categoría tienen puntuaciones moderadas, lo que indica cierto grado de estabilidad, pero también la presencia de problemas. En general son estables, pero tienen problemas en ciertas áreas que requieren atención para evitar un mayor deterioro. Ejemplos: Brasil, India.
Sostenible: Estos Estados tienen las puntuaciones más bajas, lo que indica un alto nivel de estabilidad. Suelen tener instituciones fuertes y eficaces, economías robustas y altos niveles de respeto por los derechos humanos y el Estado de Derecho. Sin embargo, ningún Estado es totalmente inmune a los desafíos, por lo que incluso los Estados de esta categoría deben seguir esforzándose por mantener la estabilidad. Ejemplos: Canadá, Noruega.

Estas categorías proporcionan un medio para evaluar rápidamente el nivel de estabilidad de un Estado e identificar las áreas que requieren atención o intervención.

Estas estadísticas de 2011 indican claramente que la mayoría de los Estados de todo el mundo se enfrentaban a importantes problemas de estabilidad y gobernanza. Con un 73% de los Estados clasificados en estado de alerta o advertencia, esto subraya el nivel mundial de vulnerabilidad y la necesidad de medidas eficaces para prevenir la inestabilidad y las crisis. Por otra parte, con sólo 15 de 127 Estados (menos del 12%) clasificados como estables y sostenibles, está claro que los modelos de gobernanza estables, como la democracia y el Estado de Derecho, distan mucho de ser la norma mundial. Estos Estados estables se concentran principalmente en Norteamérica y Europa Occidental, lo que indica una marcada división geográfica en términos de estabilidad política e institucional.

Según Max Weber, en su libro "Teoría de la organización social y económica", el Estado moderno es

En "Teoría de la organización social y económica", Max Weber ofrece una definición del Estado moderno que hace hincapié en varios elementos fundamentales: "las principales características formales del Estado moderno son las siguientes: Posee un orden administrativo y jurídico sujeto a cambios por la legislación, al que se orienta la actividad corporativa organizada del personal administrativo, que también está regulada por la legislación. Este sistema de orden reivindica una autoridad vinculante, no sólo sobre los miembros del Estado, los ciudadanos, la mayoría de los cuales han obtenido la condición de miembros por nacimiento, sino también, en gran medida, sobre toda acción que tenga lugar en el ámbito de su jurisdicción.Se trata, por tanto, de una asociación obligatoria con base territorial. Además, hoy en día, el uso de la fuerza sólo se considera legítimo en la medida en que está permitido por el Estado o prescrito por él".^[7]

En primer lugar, el Estado tiene un orden administrativo y jurídico que puede ser modificado por la legislación. Esto significa que el Estado dispone de un conjunto de normas y estructuras que rigen su funcionamiento y que pueden ser modificadas por actos legislativos. En segundo lugar, la actividad organizada del personal administrativo también está regulada por la legislación. Esto indica que no sólo el orden administrativo y jurídico, sino también el funcionamiento cotidiano de la administración del Estado está regulado por ley. En tercer lugar, el Estado reivindica una autoridad vinculante no sólo sobre sus ciudadanos, sino también sobre todas las acciones que tienen lugar en su territorio. Esto convierte al Estado en una asociación obligatoria basada en el territorio. Por último, Weber subraya que el uso de la fuerza sólo se considera legítimo en la medida en que está autorizado o prescrito por el Estado. Esto significa que el Estado tiene el monopolio de la violencia legítima, y que cualquier otro uso de la fuerza se considera ilegítimo a menos que esté expresamente autorizado por el Estado.

El Estado moderno se distingue por su autoridad soberana, que se ejerce a través de la legislación y el respeto a la ley. Las normas y obligaciones formuladas por el Estado se aplican a todos los que residen en su territorio, incluido el propio Estado. Esto significa que el Estado está obligado a cumplir sus propias leyes y reglamentos. Esta idea está en la base del concepto de Estado de Derecho, según el cual todas las personas, instituciones y entidades, incluido el propio Estado, son responsables ante la ley, que se aplica de forma justa y equitativa. Desde esta perspectiva, el uso de la coerción o la violencia por parte del Estado no es arbitrario. Al contrario, está regulado por leyes o disposiciones constitucionales que definen las circunstancias y los procedimientos para su uso. Por eso el Estado tiene el monopolio de la "violencia legítima", porque su uso de la fuerza está limitado y regulado por la ley. Esta capacidad de autorregulación es fundamental para la legitimidad del Estado. Sin ella, el Estado corre el riesgo de convertirse en una entidad opresiva y arbitraria, perdiendo así su legitimidad a los ojos de sus ciudadanos.

La ley proporciona el marco estructural en el que opera el Estado. Define la forma de gobierno (por ejemplo, república, monarquía constitucional, etc.), el modo en que se distribuye el poder (por ejemplo, unitario, federal, etc.) y los principios fundamentales de la organización política (por ejemplo, democracia, autocracia, etc.). Además de estos aspectos, la ley también establece el marco de la administración pública. Define las responsabilidades de los distintos órganos de gobierno, los procedimientos que deben seguirse para aplicar las políticas, los derechos y obligaciones de los funcionarios, etc. Además, en las democracias, la ley suele prever mecanismos de control democrático, como elecciones, audiencias públicas y otras formas de participación ciudadana, para garantizar que la administración pública siga siendo responsable y transparente. Por último, la ley desempeña un papel crucial en el establecimiento del orden social y económico dentro del Estado. Regula multitud de aspectos de la vida social y económica, desde la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales hasta la regulación de los mercados y la economía. En definitiva, la ley es una herramienta esencial a través de la cual el Estado estructura y organiza su propia actividad, así como la vida de sus ciudadanos. Sin el Derecho, el Estado no podría funcionar con eficacia ni equidad.

La noción de soberanía

Tenemos que remontarnos al siglo XVI para encontrar la primera elaboración de esta noción por Jean Bodin, que posteriormente fue examinada con mayor detalle por Thomas Hobbes.

A menudo se considera a Jean Bodin (1530-1596) como uno de los primeros pensadores que formularon una noción clara de soberanía en su obra "Los seis libros de la República" (1576). Bodin definió la soberanía como el poder supremo sobre los ciudadanos y los súbditos, irresponsable frente a estos últimos. Para Bodin, la soberanía era una característica necesaria del Estado y era perpetua, indivisible y absoluta.

Thomas Hobbes (1588-1679) también contribuyó significativamente a la idea de soberanía. En su obra Leviatán (1651), Hobbes sostiene que, para evitar un estado de guerra de todos contra todos, los hombres celebran un contrato social y acuerdan someterse a un soberano. Según Hobbes, el soberano, ya sea una persona (como en una monarquía) o un grupo de personas (como en una república), detenta el poder absoluto e imprescriptible de mantener el orden y la paz.

Entre los siglos XVI y XVII, Europa vivió un periodo de gran agitación. Este periodo, a menudo denominado "época moderna", estuvo marcado por las guerras de religión, especialmente en Francia y Alemania, donde los conflictos entre católicos y protestantes provocaron importantes tensiones sociopolíticas. La Reforma protestante, iniciada por Martín Lutero a principios del siglo XVI, dividió el continente europeo, provocando disturbios políticos, conflictos violentos y guerras. Al mismo tiempo que se producían estas guerras religiosas, había inestabilidad política debido a la aparición de los Estados soberanos modernos. Los monarcas trataron de centralizar su poder y afirmar su autoridad, a menudo mediante conflictos militares, para reforzar el control sobre sus territorios. Este proceso condujo al nacimiento del Estado nación moderno, caracterizado por una soberanía territorial diferenciada y una autoridad centralizada. La Guerra de los Treinta Años (1618-1648), que devastó gran parte de Europa, es un ejemplo llamativo de este periodo. Comenzó como una guerra religiosa en el Imperio Romano Germánico, pero se convirtió en un conflicto político más amplio que implicaba a varias grandes potencias europeas. La guerra desembocó finalmente en la Paz de Westfalia, que redefinió el concepto de soberanía y estableció la idea moderna de Estados nacionales independientes.

Jean Bodin, filósofo político francés del siglo XVI, tenía una gran preocupación: establecer una autoridad legítima y duradera en su país. En su opinión, la creación y legitimación de un orden interno era esencial para establecer la justicia y garantizar las libertades individuales. Bodin utilizó la noción de soberanía para describir la autoridad suprema ejercida por el príncipe o monarca sobre sus súbditos en todo el reino. Más tarde, en el siglo XVII, el filósofo inglés Thomas Hobbes retomó esta idea en su gran obra "Leviatán". Para Hobbes, el Estado era una entidad poderosa, a la que apodó "Leviatán", y que detentaba el monopolio absoluto del uso de la violencia. Esta autoridad absoluta e indiscutible del soberano es necesaria para mantener el orden y la paz en la sociedad, evitando así lo que él llama el "estado de naturaleza", donde la vida sería "solitaria, pobre, embrutecida y breve". Así pues, la noción de soberanía, tal y como la desarrollaron Bodin y Hobbes, se refiere a la idea de un poder supremo y absoluto, ejercido por el Estado sobre un territorio determinado, que es esencial para garantizar el orden, la justicia y las libertades individuales.

Para Jean Bodin, la autoridad soberana se caracteriza por su carácter absoluto y perpetuo. Según él, la soberanía representa el mayor poder de mando en una República, es decir, la capacidad sin igual de dictar leyes, regular la sociedad y controlar el uso de la fuerza. Se manifiesta a través del ejercicio del poder sin restricciones ni limitaciones, salvo las establecidas por la ley natural y divina. Este poder absoluto es indispensable para mantener el orden y la paz en la sociedad. También es perpetuo, ya que no puede anularse ni revocarse una vez establecido. En otras palabras, el soberano conserva su autoridad hasta que decide voluntariamente renunciar a ella o hasta que es derrocado por otro poder.

Según Bodin, el poder soberano es supremo y abarca a todos los ciudadanos de la República. Este poder tiene autoridad ilimitada para crear, interpretar y aplicar las leyes. Es el encargado de nombrar a los magistrados y de resolver los litigios. Por consiguiente, el Príncipe, como titular de la soberanía, es considerado el guardián del orden político. Es bajo la égida de la soberanía como el Estado puede mantener el orden social y político, administrar justicia, proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar el bienestar de la sociedad. La soberanía es, pues, la piedra angular de la estabilidad del Estado y de la paz social. Es importante señalar que esta visión de la soberanía como poder absoluto y perpetuo no está exenta de polémica, sobre todo en lo que respecta a los límites del poder soberano y al respeto de los derechos y libertades de los ciudadanos.

En "El contrato social", Rousseau desarrolla la idea de un "estado de naturaleza" como una especie de condición pre-social y pre-política en la que habría vivido la humanidad antes del advenimiento de la sociedad y del Estado. Sin embargo, difiere de Hobbes en su visión de este estado de naturaleza ^[8] Mientras que para Hobbes el estado de naturaleza se caracterizaba por una "guerra de todos contra todos" en la que reinaban la inseguridad y el miedo, para Rousseau el estado de naturaleza era un periodo de inocencia, paz e igualdad. En su opinión, las personas eran esencialmente buenas en el estado de naturaleza, pero la creación de la sociedad, con sus desigualdades y conflictos, había corrompido esta bondad natural. Rousseau propuso el contrato social como solución a esta corrupción. Los individuos aceptan someterse a la voluntad general, que representa el bien común, a cambio de la protección de sus derechos y libertades. Así, para Rousseau, la soberanía pertenece al pueblo, no a un monarca o a una élite. Fue esta visión de la soberanía la que influiría en las teorías de la democracia y la república.

La noción de soberanía fue desarrollada significativamente por primera vez por Jean Bodin en el siglo XVI. En su obra "Los seis libros de la República" (1576), Bodin definió la soberanía como "el poder absoluto y perpetuo de una República", que ejerce el Estado sobre su territorio y su población. Según Bodin, la soberanía es indivisible, inalienable y perpetua. Se manifiesta en el poder de dictar leyes, declarar la guerra y la paz, administrar justicia, controlar la moneda e imponer tributos. La soberanía interna, por su parte, se refiere a la capacidad de un Estado para controlar eficazmente su territorio y ejercer autoridad sobre su población. Esto incluye la capacidad de aplicar y hacer cumplir las leyes, mantener el orden público, proteger los derechos y libertades de los ciudadanos y prestar servicios públicos. Un Estado con una fuerte soberanía interna es capaz de mantener el orden y la estabilidad dentro de sus fronteras, sin necesidad de intervención exterior.

Es importante señalar que estas dos concepciones de la soberanía no se excluyen mutuamente. De hecho, a menudo son interdependientes. Un Estado puede tener soberanía en el sentido de Bodin (es decir, la capacidad de promulgar leyes y tomar decisiones sin interferencias externas), pero si no tiene una soberanía interna fuerte (es decir, la capacidad de hacer cumplir esas leyes y decisiones de forma eficaz), su soberanía general puede verse comprometida. A la inversa, un Estado que tenga una soberanía interna fuerte pero esté sometido a fuertes presiones o interferencias externas también puede ver debilitada su soberanía general.

Stephen D. Krasner, especialista en política internacional, ha profundizado en la noción de soberanía proponiendo cuatro conceptos distintos de soberanía en su libro Sovereignty: Organized Hypocrisy (1999).^[9] Estas concepciones son:

Soberanía interna: Se refiere a la organización del poder público dentro de un Estado y a la capacidad de éste para ejercer efectivamente su autoridad y controlar su territorio. Está vinculada al concepto de soberanía interna mencionado anteriormente.
Soberanía interdependiente: Se refiere a la capacidad de los Estados para controlar los movimientos transfronterizos de personas, bienes, ideas, etc. Con la globalización, esta forma de soberanía se ha vuelto cada vez más problemática, ya que los Estados a menudo tienen dificultades para controlar estos flujos transfronterizos.
Soberanía westfaliana: Llamado así por los Tratados de Westfalia (1648) que pusieron fin a la Guerra de los Treinta Años en Europa, este concepto se refiere a la exclusión de la injerencia exterior en los asuntos internos de un Estado. Es una forma de soberanía que se invoca a menudo en el discurso internacional, aunque a menudo se viola en la práctica.
Soberanía jurídica internacional: Se refiere a la igualdad formal de todos los Estados en el marco jurídico internacional. En otras palabras, todos los Estados, independientemente de su tamaño, poder o riqueza, son formalmente iguales en virtud del derecho internacional.

Estas diferentes concepciones de la soberanía ponen de relieve la complejidad de la noción de soberanía en la política internacional contemporánea. Muestran que la soberanía no es simplemente la capacidad de un Estado para ejercer el poder dentro de sus fronteras, sino que también implica cuestiones de control sobre los movimientos transfronterizos, la no injerencia y la igualdad formal entre Estados.

La soberanía jurídica en el contexto internacional

La soberanía jurídica internacional es un concepto central del Derecho internacional. Se refiere al reconocimiento mutuo de los Estados como entidades jurídicamente independientes dentro de la comunidad internacional. En otras palabras, es la aceptación por parte de los Estados de la legitimidad de todos los demás Estados como actores autónomos en la escena internacional. Esto significa que cada Estado tiene derecho a gobernar su propio territorio sin injerencias externas, y que los demás Estados deben respetar este derecho. Esto es lo que se entiende generalmente cuando hablamos de la "soberanía" de un Estado. Los Estados también tienen derecho a participar en la vida internacional, por ejemplo firmando tratados, adhiriéndose a organizaciones internacionales o tomando parte en negociaciones internacionales.

Sin embargo, la soberanía jurídica internacional no garantiza necesariamente la capacidad real de un Estado para ejercer autoridad o control sobre su territorio (lo que se conoce como "soberanía de facto"). En muchos casos, un Estado puede ser reconocido como soberano legalmente pero carecer de control efectivo sobre su territorio o población. Por ejemplo, un gobierno puede ser incapaz de mantener la ley y el orden, prestar servicios públicos básicos o defender sus fronteras frente a invasiones extranjeras. En estos casos, se suele hablar de "Estados débiles" o "Estados fallidos". Al mismo tiempo, el reconocimiento internacional puede a veces ser impugnado o denegado. Por ejemplo, algunos territorios pueden declararse independientes y establecer su propio gobierno, pero no ser reconocidos como Estados soberanos por la comunidad internacional. Estos territorios suelen denominarse "Estados no reconocidos" o "Estados de facto".

El reconocimiento internacional de un Estado suele ser el resultado de procesos bilaterales. Por ejemplo, Alemania fue el primer país en reconocer la independencia de Eslovenia y Croacia en noviembre de 1991, en el contexto de la desintegración de la antigua Yugoslavia. Este reconocimiento fue seguido posteriormente por el de otros países, lo que condujo a la integración de estas dos nuevas entidades en la comunidad internacional como Estados soberanos. El reconocimiento bilateral es una manera de que un Estado exprese formalmente su aceptación de la soberanía e independencia de otro Estado. Generalmente implica el establecimiento de relaciones diplomáticas y también puede allanar el camino para acuerdos bilaterales de cooperación en diversos campos, como el comercio, la defensa o la cultura.

Sin embargo, el reconocimiento bilateral no siempre va seguido de un reconocimiento multilateral. En otras palabras, el hecho de que un Estado sea reconocido por otro Estado no significa necesariamente que vaya a ser reconocido por la comunidad internacional en su conjunto. Por ejemplo, algunos Estados pueden decidir no reconocer a un nuevo Estado por desacuerdos políticos, disputas territoriales o consideraciones estratégicas. Además, el reconocimiento internacional de un Estado no implica necesariamente el reconocimiento por parte de las organizaciones internacionales. Por ejemplo, un Estado puede ser reconocido por un gran número de países, pero no ser admitido en las Naciones Unidas debido al veto de uno o más miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

El reconocimiento internacional de un Estado tiene implicaciones profundas y prácticas. Puede abrir la puerta a multitud de oportunidades y ventajas, tanto políticas como financieras. He aquí algunos ejemplos:

Acceso a organizaciones internacionales: Una vez reconocido, un Estado puede solicitar su ingreso en organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, la Unión Africana, la Unión Europea y otras. Estas afiliaciones pueden proporcionar una plataforma para colaborar con otras naciones, compartir preocupaciones y perspectivas y participar en la toma de decisiones a escala mundial.
Flujos financieros y de capital: El reconocimiento internacional puede fomentar la inversión extranjera directa, el acceso a préstamos internacionales, la ayuda al desarrollo y otras formas de apoyo financiero. También puede facilitar el comercio internacional allanando el camino para acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales.
Estatus simbólico y poder para los dirigentes: Cuando un Estado es reconocido internacionalmente, sus dirigentes adquieren mayor legitimidad tanto a nivel nacional como internacional. Pueden asistir a cumbres internacionales, negociar tratados y representar a su nación en la escena mundial.

Aunque estos beneficios son potencialmente significativos, el reconocimiento internacional también conlleva responsabilidades. Por ejemplo, se espera que un Estado reconocido respete los principios del derecho internacional, como el respeto de los derechos humanos, la no agresión y la resolución pacífica de conflictos.

La soberanía de Westfalia: orígenes e implicaciones

La soberanía westfaliana es un concepto que tiene su origen en los Tratados de Westfalia de 1648, que pusieron fin a la Guerra de los Treinta Años en Europa. Este concepto se refiere a la idea de que cada Estado tiene autoridad absoluta e indiscutible sobre su territorio y su población, y que ningún otro Estado puede interferir en sus asuntos internos. Según este concepto de soberanía, cada Estado es independiente e igual a los demás en la escena internacional, independientemente de su tamaño o de su poder económico o militar. Esta noción es la que ha estructurado en gran medida el sistema internacional moderno. Sin embargo, es importante señalar que la soberanía westfaliana ha sido modificada y cuestionada varias veces a lo largo de los siglos. Desde las intervenciones humanitarias hasta las organizaciones internacionales y las normas mundiales sobre cuestiones como los derechos humanos y el medio ambiente, diversas fuerzas han tratado de modular, restringir o transformar la soberanía westfaliana.

El concepto de soberanía westfaliana hace hincapié en la independencia territorial y la autoridad exclusiva del Estado sobre su territorio, rechazando cualquier injerencia externa en los asuntos internos del Estado. Se trata de un principio fundamental del derecho internacional, tal y como se establece claramente en la Carta de las Naciones Unidas. El artículo 2 de la Carta de la ONU, en particular, afirma la igualdad soberana de todos sus Estados miembros. Este principio significa que todos los Estados, independientemente de su tamaño, riqueza o poder militar, tienen los mismos derechos y obligaciones en virtud del derecho internacional. Además, la Carta de la ONU también consagra el principio de no injerencia, según el cual ningún Estado tiene derecho a intervenir en los asuntos internos de otro Estado. Esta prohibición pretende proteger la soberanía y la independencia de todos los Estados, grandes o pequeños.

Según los principios de la soberanía westfaliana y la Carta de las Naciones Unidas, todos los Estados son iguales en términos de soberanía. Esto significa que, independientemente de su tamaño, poder económico o militar, cada Estado tiene la misma autoridad y control sobre su territorio, y ningún Estado puede interferir en los asuntos internos de otro. Por lo tanto, desde el punto de vista de la soberanía, Estados Unidos no es más soberano que Luxemburgo o Malta. Cada Estado tiene plena autoridad sobre su propio territorio y es libre de dirigir su política interior como considere oportuno, sin injerencias externas.

La soberanía westfaliana establece que cada Estado tiene el derecho exclusivo a ejercer el poder y la autoridad sobre su territorio y su población, sin injerencias externas. Esto implica que los Estados son libres de determinar sus propias políticas internas, incluido su sistema político, economía, leyes y reglamentos, y que ningún otro Estado tiene derecho a interferir en estos asuntos. En otras palabras, cada Estado se considera una entidad independiente y autónoma, libre de actuar como desee dentro de sus fronteras, siempre que no viole el derecho internacional. Este concepto es un pilar fundamental del orden internacional actual y está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas.

El principio de no injerencia está directamente relacionado con la noción westfaliana de soberanía. Según este principio, ningún Estado tiene derecho a intervenir en los asuntos internos de otro Estado. Esto significa que las decisiones políticas, económicas, sociales y culturales de un país son de su exclusiva responsabilidad y no pueden ser objeto de injerencia o intromisión por parte de otro Estado. El principio de no injerencia también está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas. El apartado 7 del artículo 2 de la Carta establece: "Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas para intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará a los Miembros a someter tales asuntos a la solución de esta Carta". No obstante, cabe señalar que existen ciertas excepciones a este principio, especialmente en casos de violaciones graves de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, en los que la comunidad internacional puede estar autorizada a intervenir para proteger a las personas afectadas, tal y como estipula la doctrina de la "Responsabilidad de Proteger" adoptada por las Naciones Unidas en 2005.

Soberanía interna: poder y autoridad dentro de las fronteras

La soberanía interna se refiere a la capacidad de un Estado para mantener el orden y ejercer la autoridad dentro de sus fronteras. Esta noción de soberanía está relacionada con la eficacia de la estructura de gobierno, el alcance del control gubernamental, el grado de cohesión entre las élites y los ciudadanos, y la capacidad de administrar leyes y políticas con eficacia.

Esta forma de soberanía hace hincapié en la autoridad del Estado sobre sus ciudadanos, su capacidad para mantener la seguridad, hacer cumplir las leyes y aplicar las políticas públicas. En este sentido, la soberanía interna está estrechamente vinculada al concepto de monopolio estatal del uso legítimo de la fuerza física, tal y como lo definió Max Weber.

Se considera que un Estado es plenamente soberano internamente cuando es capaz de desempeñar estas funciones con eficacia y sin obstáculos. En cambio, si un Estado es incapaz de controlar su territorio, garantizar el orden público, prestar servicios básicos a sus ciudadanos o mantener la autoridad de su gobierno, puede decirse que su soberanía interna está limitada o comprometida. Éste suele ser el caso de los llamados Estados "frágiles" o "fallidos".

Soberanía de interdependencia: un nuevo concepto en un mundo conectado

La soberanía de interdependencia se refiere a la capacidad de un Estado para controlar y regular los flujos transnacionales que cruzan sus fronteras. Estos flujos pueden adoptar diversas formas, como el comercio, los movimientos de capital, la migración de la población, la difusión de información e ideas, etcétera.

En un mundo cada vez más interconectado y globalizado, la noción de soberanía interdependiente ha adquirido una importancia creciente. La intensificación de los flujos transnacionales puede plantear retos significativos a la soberanía de un Estado, en la medida en que puede limitar su capacidad para controlar estos flujos y, en consecuencia, para influir o determinar los resultados internos. Por ejemplo, la globalización ha dado lugar a una creciente interdependencia económica entre los Estados, con un aumento del comercio internacional y de los flujos financieros. Sin embargo, esto también ha creado desafíos para la soberanía interdependiente de los Estados, ya que pueden verse incapaces de controlar o regular estos flujos de manera eficaz.

Lo mismo ocurre con los flujos de información e ideas, facilitados por el auge de las tecnologías de la información y la comunicación. Si bien estos flujos pueden estimular el intercambio y la puesta en común de información, también pueden plantear retos en términos de regulación, control y censura de la información. De este modo, la soberanía de la interdependencia refleja las tensiones y desafíos que la globalización plantea a la noción tradicional de soberanía estatal.

Taiwán es un ejemplo interesante de la aplicación de diferentes nociones de soberanía. Desde el punto de vista jurídico internacional, Taiwán no está reconocido como Estado soberano por la mayoría de la comunidad internacional, debido principalmente a la postura de China, que considera Taiwán parte de su territorio y se opone firmemente a cualquier reconocimiento formal de su independencia. Sin embargo, desde el punto de vista de la soberanía westfaliana, Taiwán funciona como un Estado independiente. Tiene su propio gobierno, su propia constitución, una economía distinta, su propio sistema jurídico y controla efectivamente su territorio y su población. No está bajo el control directo de ninguna autoridad externa, lo que coincide con la definición de soberanía westfaliana, que se refiere a la exclusión de actores externos del ejercicio de la autoridad sobre un territorio determinado. Esta situación ilustra claramente la complejidad de las nociones de soberanía en el sistema internacional actual, y cómo diferentes concepciones de la soberanía pueden coexistir y entrar en conflicto.

Un Estado puede ser reconocido como soberano en la escena internacional, es decir, tener "soberanía jurídica internacional", pero tener una capacidad limitada para ejercer una autoridad efectiva o "soberanía interna" sobre su propio territorio y población. Somalia es un ejemplo de esta situación. Aunque está reconocida como Estado soberano por la comunidad internacional y es miembro de las Naciones Unidas, lucha por mantener un control efectivo sobre todo su territorio y por proporcionar servicios básicos a su población, debido a los conflictos internos y a la debilidad de las instituciones gubernamentales. Esto pone de relieve cómo la soberanía, en la práctica, es a menudo un concepto más matizado y complejo de lo que podría sugerir su definición teórica. La soberanía de un Estado no siempre es absoluta o indiscutible, sino que puede variar en función de diversos factores, como la estabilidad política interna, la capacidad institucional, el reconocimiento internacional y las realidades geopolíticas.

La Unión Europea (UE) es un ejemplo único de estructura supranacional en la que los Estados miembros han cedido voluntariamente parte de su soberanía a instituciones comunes. Este sistema suele denominarse "soberanía compartida" o "integración supranacional". En la UE, los países miembros han acordado acatar las decisiones adoptadas por instituciones comunes como la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, incluso cuando estas decisiones van en contra de sus propias políticas nacionales. Esto se conoce como acervo comunitario, que es el conjunto de derechos y obligaciones que vinculan a todos los Estados miembros de la UE. Sin embargo, es importante señalar que en este sistema no se elimina por completo la soberanía. Los Estados miembros de la UE conservan la soberanía en muchos ámbitos, como la defensa y la política exterior, y también tienen derecho a retirarse de la Unión, como hizo el Reino Unido con el Brexit. Así pues, el sistema de la UE representa un complejo equilibrio entre la soberanía nacional y la soberanía supranacional, en el que los Estados miembros han acordado compartir parte de su autoridad en beneficio de una cooperación e integración más estrechas.

El trilema político de la economía global de Dani Rodrik es un concepto que pone de relieve el conflicto inherente entre la globalización económica, el Estado nación (o soberanía nacional) y la democracia.^[10] Según Rodrik, estas tres fuerzas no pueden coexistir perfectamente. Si tenemos dos de ellas, no podemos tener la tercera. Más concretamente:

Si tenemos globalización económica y Estado nación, entonces no podemos tener democracia porque las decisiones económicas se toman a un nivel que escapa al control democrático.
Si tenemos globalización económica y democracia, entonces no podemos tener Estado-nación porque las decisiones económicas se toman a nivel global y trascienden las fronteras nacionales.
Si tenemos Estado-nación y democracia, entonces no podemos tener globalización económica porque las decisiones económicas se toman a nivel nacional y reflejan las preferencias democráticas, lo que puede llevar a restricciones en el comercio y la inversión globales.

En términos de soberanía interdependiente, esto significa que en un mundo cada vez más globalizado, el Estado nación puede tener dificultades para controlar todos los aspectos de su economía y su sociedad, ya que cada vez está más influido por fuerzas externas, como los flujos de capital, bienes, servicios e información. Esto puede limitar su capacidad para aplicar políticas públicas independientes y responder a las preferencias de sus ciudadanos, lo que a su vez puede repercutir en la legitimidad y la estabilidad del Estado.

El impacto de la globalización

¿Qué es la globalización?

Selon Held, McGrew, Goldblatt et Perraton dans leur ouvrage "Global Transformations: Politics, Economics and Culture" publié en 1999, la mondialisation est définie comme "l'élargissement, l'approfondissement et l'accélération de l'interconnexion globale".^[11] Dans ce contexte, "l'élargissement" fait référence à l'extension des liens et des connexions à travers le monde, à travers les continents et les pays. C'est une indication de la portée géographique des réseaux et des systèmes de relations et d'interactions mondiales. "L'approfondissement" fait référence à l'intensification des niveaux d'interaction et d'interdépendance entre les acteurs et les systèmes à l'échelle mondiale. Cela se traduit par des liens plus étroits et plus nombreux entre les sociétés, les économies, les cultures et les institutions politiques. Enfin, "l'accélération" fait référence à l'augmentation de la vitesse des interactions et des processus mondiaux. Grâce à l'évolution des technologies de l'information et de la communication, l'information, les idées, le capital, les biens, les services et les personnes se déplacent de plus en plus rapidement à travers les frontières et les régions. En d'autres termes, la mondialisation implique une augmentation et une intensification des liens et des flux entre les pays et les régions du monde. Cela comprend le commerce, l'investissement, la migration, les échanges culturels, l'information et la technologie, ce qui, à son tour, peut avoir des effets profonds sur les économies, les sociétés, les cultures et les politiques.

L'intensification, dans le contexte de la mondialisation, est le processus par lequel les connexions et les interactions entre les pays et les entités à travers le monde se renforcent et se multiplient. Cela se manifeste à travers trois dimensions principales:

Élargissement: Cela implique l'extension des liens transnationaux à une échelle géographique toujours plus large, englobant de plus en plus de régions, de pays et de peuples.
Approfondissement: Cela fait référence à une interdépendance plus profonde entre les pays et les entités, ce qui signifie que les événements ou les changements dans un pays ou une région ont des effets plus prononcés et plus directs sur les autres. Par exemple, dans une économie mondialisée, une crise économique dans un pays majeur peut avoir des répercussions importantes sur l'économie mondiale.
Accélération: Cela se réfère à l'augmentation de la vitesse à laquelle les interactions et les transactions se produisent à l'échelle mondiale. Avec les progrès technologiques, en particulier dans les domaines des transports et des communications, l'information, les biens, les services et même les personnes peuvent se déplacer à travers le monde à une vitesse sans précédent.

En somme, l'intensification de la mondialisation implique une interdépendance croissante entre les pays, ce qui peut avoir des implications significatives pour l'économie, la politique, la culture, et d'autres aspects de la société à l'échelle mondiale.

L'interdépendance mondiale se manifeste de manière complexe et multidimensionnelle. La mondialisation affecte de nombreuses sphères de la vie humaine et de l'activité sociétale, créant des interdépendances à divers niveaux. Voici quelques exemples des domaines où cela se produit :

Économie : C'est le domaine le plus souvent associé à la mondialisation. L'interdépendance économique mondiale est mise en évidence par l'intensification du commerce international, l'expansion des multinationales, la mobilité accrue des capitaux et la prolifération des accords commerciaux internationaux.
Politique : La mondialisation a également accru l'interdépendance politique entre les États. Cela se manifeste par le rôle croissant des organisations internationales, le développement du droit international et la nécessité pour les pays de coopérer sur des problèmes mondiaux tels que le changement climatique, la sécurité et les droits de l'homme.
Sociale : La mondialisation favorise également l'interdépendance sociale à travers les flux de personnes (migration), les réseaux sociaux mondiaux, le partage de cultures et l'échange d'informations.
Technologie : Avec la révolution numérique, l'interdépendance technologique est devenue un aspect majeur de la mondialisation. L'internet a transformé la manière dont les informations sont partagées et consommées, et a facilité l'émergence de communautés mondiales en ligne.

Chacune de ces dimensions contribue à un monde de plus en plus interconnecté et interdépendant, où les changements dans une partie du monde peuvent avoir un impact significatif ailleurs. Cependant, il est important de noter que cette interdépendance peut aussi exacerber les inégalités et créer de nouveaux défis.

Keohane et Nye ont joué un rôle clé dans la conceptualisation de la mondialisation en termes d'interdépendance complexe, soulignant l'importance de comprendre ses dimensions multiples.^[12] Voici une explication un peu plus détaillée de ces dimensions :

Politique : Cette dimension de la mondialisation met en évidence l'interconnexion accrue des politiques et des gouvernements à l'échelle mondiale. Par exemple, les pays coopèrent et coordonnent leurs politiques au sein d'organisations internationales comme les Nations Unies ou l'Organisation mondiale de la santé. De plus, les politiques et les lois d'un pays peuvent être influencées par des pressions internationales ou par l'adoption de normes mondiales.
Sociale : La mondialisation sociale met l'accent sur l'interconnexion des sociétés à travers les frontières. Cela comprend la diffusion des idées et des informations à travers les cultures, ainsi que la migration des individus. Par exemple, l'internet a permis une communication et un partage d'informations sans précédent, ce qui a conduit à une convergence culturelle à certains égards. De même, l'immigration et les voyages internationaux ont conduit à une plus grande diversité au sein des sociétés et à un mélange de cultures.
Économique : La mondialisation économique se réfère à l'intégration croissante des économies à travers le commerce international et les flux de capitaux. Par exemple, la libéralisation du commerce a conduit à une augmentation spectaculaire du commerce international de biens et de services. De même, la libéralisation financière a facilité les flux internationaux de capitaux, permettant aux investisseurs d'investir facilement dans des pays étrangers. Cela a conduit à une interdépendance accrue des économies, où les événements économiques dans un pays peuvent avoir un impact sur d'autres.

Chaque dimension de la mondialisation a ses propres implications et défis, et elles sont souvent interdépendantes. Par exemple, la mondialisation économique peut influencer la mondialisation sociale (par exemple, à travers les flux migratoires) et vice versa.

Qu’est-ce que la mondialisation économique ?

Article détaillé : Globalisations : circulation entre impérialisme et stratégies cosmopolites.

La mondialisation économique fait référence à l'intégration croissante des économies de différents pays à travers le monde, rendue possible par la libéralisation du commerce, les investissements étrangers directs (IED), les flux de capitaux et la migration. Elle se manifeste par une augmentation du commerce international de biens et de services, une augmentation des investissements internationaux, une plus grande interdépendance économique entre pays, et une standardisation et une homogénéisation croissante des produits et des marchés. Selon Schwartz, une caractéristique clé de la mondialisation économique est une "pression globale sur les prix". Cela signifie que, en raison de l'interconnexion accrue des marchés mondiaux, il y a une tendance à l'uniformisation des prix à l'échelle mondiale. Par exemple, si les prix d'un certain bien sont plus bas dans un pays que dans un autre, les consommateurs peuvent choisir d'acheter ce bien dans le pays où il est moins cher, ce qui exercera une pression à la baisse sur les prix dans le pays où le bien est plus cher. Cela peut se produire non seulement pour les biens physiques, mais aussi pour les services et même pour les travailleurs, dans le cas de la migration ou de l'externalisation. C'est un phénomène qui peut avoir des implications importantes pour les entreprises, les consommateurs et les travailleurs.

L'interdépendance économique entre les pays est caractérisée par des flux transnationaux de biens, de services, de capitaux et parfois de travailleurs. L'importance croissante du commerce international et des investissements directs étrangers signifie que les économies des différents pays sont de plus en plus interconnectées. Cependant, les flux économiques transfrontaliers sont également influencés par les politiques publiques mises en place par les gouvernements nationaux. Ces politiques peuvent réguler l'ouverture ou la fermeture de ces flux, par le biais de divers mécanismes tels que les tarifs, les quotas, les restrictions à l'immigration, les contrôles des capitaux, etc. Par exemple, un pays peut décider d'instaurer des tarifs douaniers pour protéger ses industries locales, ce qui pourrait réduire les importations de certains biens. De plus, les gouvernements peuvent également mettre en œuvre des politiques destinées à attirer les investissements étrangers, par exemple en offrant des incitations fiscales ou en créant des zones économiques spéciales. Cela signifie que, bien que l'interdépendance économique soit une caractéristique majeure de la mondialisation, elle est également influencée par les décisions politiques prises au niveau national. Ainsi, la mesure dans laquelle un pays est intégré dans l'économie mondiale dépend à la fois de facteurs économiques et politiques.

L'indice de mondialisation KOF est un indice élaboré par l'Institut fédéral suisse de technologie de Zurich (ETH Zurich) qui mesure le degré de mondialisation de différents pays. Il utilise une vaste gamme de données, couvrant 24 variables individuelles dans trois catégories principales : économique, sociale et politique.

La mondialisation économique est mesurée en fonction de la taille des flux commerciaux et financiers d'un pays par rapport à son économie, ainsi que des restrictions à ces flux.
La mondialisation sociale est mesurée à partir de données sur les contacts personnels (tels que les appels téléphoniques internationaux et les transferts de fonds), les informations (accès à Internet et à la télévision) et les attitudes culturelles.
La mondialisation politique est évaluée en fonction du degré d'implication d'un pays dans les relations internationales, par exemple sa participation aux organisations internationales, aux missions de maintien de la paix de l'ONU et aux traités internationaux.

L'indice KOF est mis à jour annuellement, ce qui permet de suivre les tendances de la mondialisation sur plusieurs décennies. Il fournit un outil utile pour comparer le degré de mondialisation entre différents pays et pour analyser comment la mondialisation change avec le temps.

L'indice de mondialisation politique de l'indice KOF mesure l'intégration d'un pays dans le monde politique international en utilisant plusieurs indicateurs, qui se répartissent comme suit :

Le nombre d'ambassades dans un pays (25%) : cela reflète le degré d'engagement politique international d'un pays, indiquant combien d'autres pays maintiennent des relations diplomatiques officielles avec lui.
L'appartenance à des organisations internationales (28%) : cette mesure donne une idée de l'implication d'un pays dans les affaires mondiales par le biais de son adhésion à diverses organisations internationales. Plus un pays est membre d'organisations, plus il est considéré comme intégré sur le plan politique.
Participation aux missions du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies (22%) : cela montre la volonté et la capacité d'un pays à contribuer à la sécurité internationale, notamment en fournissant des troupes ou du soutien logistique aux missions de maintien de la paix de l'ONU.
Le nombre de traités internationaux signés (25%) : cela reflète le niveau d'engagement d'un pays envers les normes et les règles internationales. Un pays qui a signé un grand nombre de traités est considéré comme plus engagé dans le système international.

Ces quatre dimensions de la mondialisation politique fournissent une vue d'ensemble de la mesure dans laquelle un pays est intégré dans le système politique mondial.

L'indice KOF de mondialisation sociale se concentre sur l'intégration d'un pays dans le monde social et culturel international. Il utilise divers indicateurs, qui se répartissent comme suit :

Données de contacts personnels (33%) : Il s'agit de mesures telles que le trafic téléphonique international, le tourisme international, la population étrangère et le nombre de lettres internationales par habitant. Ces mesures reflètent le degré de communication et d'interaction entre les personnes de différents pays.
Données de flux d'information (36%) : Cet indicateur mesure le degré d'information internationale qui circule à travers les frontières d'un pays. Il comprend des mesures telles que le nombre d'utilisateurs d'Internet et de télévisions par 1'000 habitants, ainsi que la part du commerce de journaux dans le PIB.
Données de proximité culturelle (31%) : Cette mesure reflète l'adoption de certaines formes de culture de consommation mondialisées. Il s'agit notamment du nombre de restaurants McDonald's et de magasins Ikea par habitant, ainsi que la part du commerce de livres dans le PIB.

En utilisant ces trois groupes d'indicateurs, l'indice KOF de mondialisation sociale donne une image du degré d'intégration d'un pays dans la communauté mondiale au-delà des dimensions purement économiques ou politiques. Il montre comment la mondialisation se manifeste dans la vie quotidienne des personnes, que ce soit par la communication, l'information ou la culture de consommation.

L'indice KOF de la mondialisation économique se concentre sur la mesure du degré d'intégration économique d'un pays dans l'économie mondiale. Il utilise divers indicateurs, répartis en deux grandes catégories :

Flux (50%) : Cette catégorie comprend des mesures telles que le commerce international en pourcentage du PIB, les flux d'investissements directs étrangers (IDE) en pourcentage du PIB, les stocks d'IDE en pourcentage du PIB, les investissements de portefeuille en pourcentage du PIB et les paiements de revenus aux étrangers en pourcentage du PIB. Ces indicateurs mesurent le degré de connexion et d'interdépendance d'une économie nationale avec le reste du monde.
Restrictions (50%) : Cette catégorie comprend des mesures telles que les tarifs douaniers moyens, les obstacles aux importations, les taxes sur le commerce international en pourcentage du revenu et les restrictions sur les comptes de capital. Ces indicateurs évaluent le niveau de protectionnisme d'une économie, c'est-à-dire le degré de restriction à la libre circulation des biens, des services et des capitaux.

En combinant ces deux types d'indicateurs, l'indice KOF de la mondialisation économique donne une vue d'ensemble du degré d'ouverture et d'interdépendance d'une économie avec le reste du monde. Il permet de comprendre à quel point une économie est intégrée dans l'économie mondiale, tant en termes de flux économiques que de politiques commerciales et financières.

Le Trilemme de l’économie mondiale : analyse des choix économiques

Dani Rodrik.

Le livre "Le paradoxe de la mondialisation" de Dani Rodrik est une analyse approfondie des dilemmes et des conflits que pose la mondialisation pour les démocraties nationales.^[13] Rodrik est un économiste réputé, professeur à l'Université de Harvard, et connu pour ses contributions significatives aux débats sur l'économie internationale, la mondialisation, et le développement.

Dans son ouvrage, Rodrik présente son fameux "trilemme de la mondialisation". Selon lui, la démocratie, la souveraineté nationale et l'intégration économique mondiale sont mutuellement incompatibles : nous ne pouvons combiner les trois simultanément. Nous pouvons avoir au maximum deux des trois à la fois.

Voici comment le trilemme fonctionne :

Si nous voulons avoir à la fois l'intégration économique mondiale et la souveraineté nationale, nous devons abandonner la démocratie.
Si nous voulons avoir à la fois la démocratie et la souveraineté nationale, nous devons renoncer à l'intégration économique mondiale.
Et si nous voulons avoir à la fois l'intégration économique mondiale et la démocratie, nous devons abandonner la souveraineté nationale.

Dans son livre, Rodrik soutient que nous ne pouvons pas avoir à la fois hypermondialisation, souveraineté nationale et démocratie robuste. Nous devons faire un choix parmi ces trois. Selon lui, les tentatives pour pousser la mondialisation à son maximum ont sapé la souveraineté nationale et la démocratie, conduisant à une réaction populiste contre la mondialisation que nous voyons dans de nombreux pays. Il plaide pour une mondialisation plus modérée qui respecte les droits des nations à se protéger contre les forces du marché mondial.

Le trilemme de l'économie mondiale, tel que présenté par Dani Rodrik dans le chapitre IX de son livre, "Le paradoxe de la mondialisation", repose sur l'idée qu'il est impossible de concilier simultanément l'hyperglobalisation, la démocratie et la souveraineté nationale. Voici comment il développe cette idée :

Hyperglobalisation : c'est le fait de favoriser une intégration économique globale, sans entraves, qui permet la libre circulation des biens, des services et des capitaux à travers les frontières internationales. Cette libre circulation est facilitée par les traités commerciaux internationaux et l'adhésion à des organisations économiques supranationales.
État-nation : c'est le principe selon lequel une entité politique, un pays, a la souveraineté sur son territoire et sa population, et est libre de prendre ses propres décisions politiques et économiques. L'État-nation est responsable du bien-être de ses citoyens et a le pouvoir de réguler son économie comme il le juge approprié.
Politiques démocratiques : ce sont des décisions prises par un gouvernement qui est représentatif de la volonté du peuple, comme c'est le cas dans une démocratie. Dans un tel système, les citoyens ont un droit de vote et de participation directe ou indirecte dans la formulation des politiques publiques.

Rodrik argumente qu'il est impossible de combiner pleinement ces trois éléments. On ne peut avoir une hyperglobalisation (une intégration économique complète) tout en préservant la pleine souveraineté de l'État-nation et en maintenant des politiques démocratiques. Si un pays choisit l'hyperglobalisation, il doit sacrifier soit la souveraineté nationale (en laissant les décisions économiques importantes être dictées par les forces du marché mondial ou par des institutions économiques supranationales), soit la démocratie (en limitant la capacité des citoyens à influencer les politiques économiques par le vote).

Rodrik suggère donc que dans une économie mondiale, nous ne pouvons atteindre simultanément l'hyper-globalisation (c'est-à-dire une intégration économique maximale), la démocratie (la capacité des citoyens de participer à la prise de décisions politiques de leur pays) et l'État-nation (la capacité d'un pays à mettre en œuvre des politiques indépendantes pour le bien de ses citoyens). Selon lui, la poursuite de la mondialisation entraîne une tension entre la démocratie et la souveraineté de l'État-nation. Si un pays veut profiter pleinement des avantages économiques de la mondialisation, il peut devoir renoncer à une certaine souveraineté politique, se pliant à des règles et des normes internationales qui peuvent ne pas correspondre aux préférences de ses citoyens. Inversement, si un pays tient à la démocratie et à la souveraineté de l'État-nation, il peut devoir limiter son intégration dans l'économie mondiale pour maintenir le contrôle sur sa politique économique et sociale. C'est ce que Rodrik appelle le "trilemme" de l'économie mondiale, qui souligne la complexité et les défis auxquels sont confrontés les pays dans la gestion de leur intégration dans une économie mondiale de plus en plus interconnectée.

La politique démocratique est profondément liée à la souveraineté d'interdépendance, comme le suggère Stephen Krasner. La souveraineté d'interdépendance décrit la capacité d'un État à contrôler ou à réguler les flux transnationaux (personnes, biens, capitaux, informations, etc.) à travers ses frontières. En substance, cela signifie qu'un État a le contrôle sur la manière dont il interagit avec les autres États et avec les forces du marché mondial. Dans une démocratie, les citoyens devraient idéalement avoir une voix dans la façon dont leur pays gère ces flux internationaux, que ce soit par le biais d'élections, de la liberté d'expression, ou d'autres moyens de participation politique. Cependant, comme le souligne Rodrik dans son trilemme de l'économie mondiale, cette souveraineté d'interdépendance peut être compromise lorsque les États s'efforcent d'intégrer davantage leurs économies avec celles d'autres pays - une tendance souvent associée à la mondialisation. En d'autres termes, la pression pour s'intégrer plus profondément dans l'économie mondiale - et en particulier à se conformer aux normes et aux règles internationales qui facilitent cette intégration - peut limiter la capacité d'un État à mettre en œuvre des politiques indépendantes qui reflètent les préférences de ses citoyens. Cela peut, à son tour, créer des tensions avec les principes démocratiques.

L'époque de Bretton Woods (des années 1940 aux années 1970) est un exemple parfait de ce que Rodrik décrit comme un équilibre entre l'État-nation et la politique démocratique, avec un contrôle plus limité de l'hypermondialisation. La conférence de Bretton Woods en 1944 a établi les bases d'un nouvel ordre économique mondial après la Seconde Guerre mondiale. Les accords de Bretton Woods ont créé des institutions financières internationales comme le Fonds Monétaire International (FMI) et la Banque Mondiale pour promouvoir la stabilité monétaire et économique mondiale. De plus, le GATT (Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce) a été établi pour promouvoir le libre-échange à travers la réduction des barrières tarifaires. Cependant, même avec cette intégration économique croissante, les États conservaient encore une grande marge de manœuvre pour mener des politiques économiques nationales. Les contrôles de capitaux, par exemple, étaient largement acceptés. De plus, de nombreux États ont mis en place des politiques de bien-être social, de plein emploi et d'industrialisation qui reflétaient leurs priorités nationales spécifiques. En d'autres termes, pendant la période de Bretton Woods, la mondialisation était souvent vue comme un moyen d'atteindre des objectifs nationaux, plutôt que comme une fin en soi. Cela contraste avec l'époque de la mondialisation qui a suivi, où l'intégration économique internationale est devenue de plus en plus une priorité en soi, souvent au détriment de la politique démocratique et de l'État-nation.

Pendant la période de Bretton Woods, les gouvernements utilisaient fréquemment des politiques de contrôle des capitaux et de tarifs douaniers pour protéger leurs économies nationales. Ces mesures étaient utilisées pour contrôler le mouvement des capitaux à travers les frontières, préserver la stabilité financière, protéger les industries nationales naissantes et maintenir l'emploi. Ces contrôles étaient également utilisés pour éviter les crises économiques qui pourraient découler de mouvements de capitaux spéculatifs ou instables. En contrôlant les flux de capitaux, les pays pouvaient souvent maintenir une plus grande stabilité dans leurs taux de change, ce qui était essentiel pour la gestion de leurs économies. Cependant, à mesure que le monde s'est déplacé vers une mondialisation plus poussée à partir des années 1970 et 1980, de nombreux pays ont commencé à lever ces contrôles et à ouvrir leurs économies aux flux de capitaux internationaux. Cela a conduit à une plus grande intégration économique mondiale, mais a également posé de nouveaux défis en termes de gestion de la stabilité économique et de protection des industries et des travailleurs nationaux.

Selon Dani Rodrik, la fin des années 1970 a marqué un tournant vers la libéralisation des politiques commerciales et financières dans de nombreux pays. Cette période, parfois appelée "l'âge de la mondialisation", a vu un déclin général des barrières tarifaires et non tarifaires, une libéralisation financière accrue et une intensification des échanges commerciaux et des investissements directs étrangers. Cependant, contrairement à certaines attentes, cette mondialisation économique n'a pas conduit à un affaiblissement généralisé de l'État-nation. En effet, malgré l'intégration économique croissante, les États-nations ont continué à jouer un rôle central dans la gouvernance de leurs économies. Ils sont restés des acteurs clés dans la régulation des marchés, la fourniture de biens publics, la protection sociale, la gestion macroéconomique et la mise en œuvre des politiques environnementales, entre autres. Cependant, Rodrik soutient que cette intensification de la mondialisation a créé des tensions entre l'État-nation et les impératifs de l'intégration économique mondiale, donnant lieu à ce qu'il appelle le "trilemme de la mondialisation". Selon lui, il est impossible de concilier pleinement l'hyper-globalisation, la souveraineté de l'État-nation et la démocratie; on ne peut avoir que deux des trois à la fois.

Dani Rodrik souligne dans son travail que l'une des façons de résoudre le trilemme de la mondialisation serait de dépasser le cadre de l'État-nation et de développer des structures supranationales de gouvernance. En d'autres termes, les États-nations pourraient transférer une partie de leur souveraineté à des institutions internationales ou supranationales afin de pouvoir réguler de manière plus efficace l'économie mondiale. Cela pourrait potentiellement permettre de concilier les trois aspects du trilemme : une économie mondialisée, la démocratie et la régulation. En effet, une gouvernance mondiale renforcée pourrait aider à encadrer la mondialisation de manière à ce qu'elle respecte davantage les principes démocratiques et sociaux. Un exemple de ce type de gouvernance supranationale est l'Union européenne, qui exerce certaines compétences auparavant dévolues aux États membres. Cependant, la mise en œuvre de ce type de gouvernance présente des défis majeurs, notamment en termes de légitimité démocratique et d'équité. Il convient également de noter que cette approche ne fait pas l'unanimité et que de nombreux acteurs et analystes sont préoccupés par les implications potentielles d'une telle dévolution de la souveraineté, en particulier en ce qui concerne l'érosion potentielle de la démocratie et de l'autonomie nationale.

L'importance de la Gouvernance en politique

La Commission sur la Gouvernance Mondiale a formulé une définition éloquente de la gouvernance. Elle la perçoit comme l'accumulation des différentes méthodes par lesquelles les individus et les institutions, qu'ils soient du domaine public ou privé, administrent leurs affaires collectives. Selon elle, la gouvernance est un processus constant où les divergences ou les conflits d'intérêts peuvent être harmonisés, et où des actions coopératives peuvent être engagées.

C'est une définition de la gouvernance globale proposée par la Commission on Global Governance dans son rapport de 1995, "Our Global Neighborhood". Pour paraphraser, la gouvernance globale est l'ensemble des multiples manières dont les individus et les institutions, qu'elles soient publiques ou privées, gèrent leurs affaires communes. C'est un processus continu qui permet de prendre en compte des intérêts conflictuels ou diversifiés, et d'entreprendre des actions coopératives. En d'autres termes, la gouvernance globale est une sorte de collaboration entre différents acteurs (y compris les États, les organisations internationales, les entreprises, les groupes de la société civile et les individus) pour traiter des problèmes qui dépassent les frontières nationales et qui nécessitent une coopération internationale. Cette définition met en évidence deux caractéristiques essentielles de la gouvernance globale : la diversité des acteurs impliqués et l'importance du consensus et de la coopération. La gouvernance globale n'est pas seulement l'affaire des États ou des organisations internationales officielles, mais implique aussi des acteurs non étatiques. De plus, elle nécessite la recherche d'un consensus et une volonté d'agir de manière coopérative pour résoudre les problèmes communs.

L'une des critiques avancées est que la gouvernance fait intervenir une multitude d'acteurs, y compris des individus et des institutions. En outre, la gouvernance n'est plus uniquement du ressort de l'autorité publique : des acteurs privés s'impliquent également pour résoudre les conflits d'intérêts et trouver des solutions de coopération internationale face à des enjeux majeurs et des divergences d'intérêts variées au niveau des États-nations.

La gouvernance globale fait intervenir une multitude d'acteurs. Cela inclut non seulement les gouvernements nationaux, mais également des individus et des institutions à la fois publiques et privées. Ces acteurs peuvent être des organisations non gouvernementales, des entreprises multinationales, des institutions financières internationales comme le FMI ou la Banque mondiale, et même des individus influents. Chacun de ces acteurs a ses propres intérêts et priorités, ce qui peut entraîner des conflits. Par exemple, une entreprise multinationale peut privilégier la maximisation des profits, ce qui pourrait entrer en conflit avec les objectifs de développement durable d'une organisation non gouvernementale. De même, les priorités d'un gouvernement national pourraient entrer en conflit avec les directives d'une institution financière internationale. Cependant, dans le cadre de la gouvernance globale, ces acteurs variés travaillent ensemble pour gérer leurs affaires communes. Ils doivent négocier, coopérer et parfois faire des compromis pour résoudre les problèmes mondiaux. Cette interaction continue permet d'accommoder les intérêts conflictuels et divers.

Il est important de noter que ce n'est pas seulement le domaine de l'autorité publique. De nombreux acteurs privés ont également un rôle à jouer dans la gouvernance globale. Par exemple, les entreprises multinationales peuvent aider à résoudre les problèmes mondiaux en adoptant des pratiques durables et éthiques. De même, les individus peuvent contribuer en faisant des choix éclairés en matière de consommation et en participant à des mouvements de défense des droits de l'homme ou de l'environnement. Cependant, la participation de ces acteurs privés à la gouvernance globale soulève également des questions de responsabilité et de légitimité. Par exemple, qui tient ces acteurs privés responsables de leurs actions ? Quelle est leur légitimité pour participer à la prise de décision au niveau mondial ? Ces questions sont au cœur des débats sur la gouvernance globale.

La gouvernance et le gouvernement sont deux concepts distincts, bien qu'ils soient parfois utilisés de manière interchangeable.

Le gouvernement se réfère généralement à l'ensemble des institutions et des individus officiellement investis de l'autorité politique dans un État. Cela inclut typiquement le chef de l'État, le cabinet, le législatif, le judiciaire et les bureaucraties publiques. Le gouvernement a le pouvoir de faire des lois, de les appliquer et de les interpréter, souvent dans le cadre d'une constitution. C'est l'entité qui exerce le pouvoir souverain au nom du peuple dans une nation.
La gouvernance, quant à elle, est un terme plus large qui se réfère à toutes les méthodes, processus et institutions, tant formelles qu'informelles, par lesquelles une société est dirigée. Cela comprend non seulement le gouvernement, mais aussi une variété d'autres acteurs, comme les organisations non gouvernementales, les entreprises privées, et même des individus influents. La gouvernance implique la manière dont le pouvoir est exercé, comment les décisions sont prises et mises en œuvre, comment les conflits sont résolus, et comment les ressources sont gérées dans une société.

De plus, alors que le gouvernement est généralement limité à une juridiction spécifique, comme un pays ou une ville, la gouvernance peut s'appliquer à une multitude d'échelles, de la gouvernance locale à la gouvernance globale. Cela comprend la façon dont les problèmes transnationaux, comme le changement climatique ou la migration, sont gérés au-delà des frontières nationales.

La gouvernance, dans un contexte moderne et surtout global, implique une multitude d'acteurs qui ne sont pas strictement limités à l'État-nation traditionnel. Dans ce contexte, l'État, bien qu'il détienne toujours le monopole de la violence légitime au sein de ses frontières, devient une entité parmi d'autres dans un réseau de pouvoir plus vaste et plus complexe. Ces autres entités peuvent inclure des organisations internationales comme l'ONU ou l'OMC, des organisations non gouvernementales comme Médecins Sans Frontières ou Greenpeace, des multinationales et des grandes entreprises, et même des individus influents et des groupes de réflexion. Ces acteurs peuvent tous exercer un certain degré de pouvoir et d'influence sur la façon dont les affaires mondiales sont gérées.

De plus, dans certains cas, ces acteurs peuvent même exercer un pouvoir similaire à celui de l'État. Par exemple, certaines grandes entreprises peuvent avoir une influence économique considérable, et certaines organisations non gouvernementales peuvent avoir un impact important sur les politiques sociales et environnementales. Cela dit, bien que l'État ne soit plus le seul acteur sur la scène internationale, il reste un acteur majeur et important. Même dans un monde de plus en plus globalisé, les États conservent un pouvoir significatif en matière de politique intérieure, de défense et de politique étrangère, et ils jouent un rôle crucial dans la formation et la mise en œuvre de la gouvernance mondiale.

La gouvernance moderne est beaucoup plus complexe et implique une variété d'acteurs qui dépassent le cadre traditionnel de l'État-nation. Ces acteurs peuvent influencer les politiques à différents niveaux et de différentes manières. Voici une expansion sur les types d'acteurs :

Firmes transnationales : Ces entreprises, qui opèrent dans plusieurs pays, jouent un rôle de plus en plus important dans la gouvernance mondiale. En raison de leur taille et de leur influence économique, elles peuvent façonner les politiques par le biais du lobbying ou par des initiatives directes. Par exemple, elles peuvent promouvoir des normes de travail équitables dans leurs chaînes d'approvisionnement ou s'engager à réduire leurs émissions de carbone.
Organisations non gouvernementales (ONG) : Les ONG peuvent exercer une influence significative sur la gouvernance à plusieurs niveaux. Elles peuvent faire pression sur les gouvernements pour qu'ils changent leurs politiques, aider à la mise en œuvre de programmes et de services, et apporter une expertise technique et des connaissances locales qui peuvent orienter les décisions politiques.
Mouvements sociaux : Les mouvements sociaux peuvent agir comme des moteurs de changement en rassemblant des individus et des groupes autour de causes communes. Ils peuvent influencer la gouvernance en faisant pression pour des changements politiques, en sensibilisant le public à des problèmes spécifiques, et en contribuant à façonner le débat public.
Organisations internationales : Ces organisations, telles que l'ONU, le FMI et la Banque mondiale, jouent un rôle clé dans la gouvernance mondiale. Elles aident à coordonner la coopération internationale, à établir des normes et des règles communes, et à fournir des forums pour la résolution des conflits. Même si elles sont souvent guidées par les intérêts des États membres, elles peuvent aussi exercer une influence indépendante et contribuer à la formation des normes et des politiques internationales.

Dans l'ensemble, ces acteurs contribuent à la complexité et à la dynamique de la gouvernance dans le monde contemporain, en témoignant de l'interconnexion croissante des sociétés et des défis mondiaux.

La gouvernance à la fois nationale et internationale est façonnée par une multitude d'acteurs, chacun apportant sa propre perspective et son influence. C'est un processus complexe qui dépasse le cadre traditionnel des frontières nationales et des gouvernements nationaux. Au niveau national, les firmes transnationales, les organisations non gouvernementales et les mouvements sociaux peuvent influencer les politiques et les pratiques. Ils peuvent faire pression sur les gouvernements pour qu'ils adoptent certaines politiques, fournir des services qui complètent ou remplacent ceux de l'État, ou façonner le discours public autour de questions particulières. Au niveau international, ces mêmes acteurs, ainsi que les organisations internationales, jouent un rôle important dans la formation des normes, des politiques et des pratiques mondiales. Ils peuvent aider à coordonner la coopération internationale, établir des normes communes et fournir des forums pour la résolution des conflits. Dans ce contexte, l'État-nation reste un acteur important, mais il n'est plus le seul détenteur de l'autorité. La gouvernance est de plus en plus définie par l'interaction de ces différents acteurs, chacun apportant sa propre contribution au processus de prise de décision.

James Rosenau et Ernst-Otto Czempiel, deux chercheurs reconnus en relations internationales, ont présenté l'idée de la "gouvernance sans gouvernement" pour décrire la nature de la politique mondiale actuelle. Dans ce concept, ils soulignent l'absence d'un gouvernement mondial centralisé, à la différence de ce que l'on observe à l'échelle nationale. Dans ce contexte, aucun acteur unique n'a le pouvoir de faire respecter les lois ou les règles à l'échelle mondiale. La gouvernance mondiale se manifeste plutôt par un réseau complexe d'acteurs et d'institutions - États, organisations internationales, organisations non gouvernementales, entreprises multinationales, etc. - qui travaillent ensemble, souvent de manière informelle, pour gérer les problèmes mondiaux. Cette forme de gouvernance repose sur la coopération, la négociation et le consensus plutôt que sur la contrainte. Elle peut également impliquer des processus d'autorégulation, dans lesquels les acteurs établissent et respectent volontairement certaines normes ou règles. Cependant, la gouvernance sans gouvernement présente aussi des défis, notamment en ce qui concerne la responsabilité et la légitimité. Par exemple, il peut être difficile de tenir les acteurs responsables de leurs actions à l'échelle mondiale, en particulier lorsque les structures de pouvoir sont décentralisées et que les acteurs ont des intérêts divergents.

La structure politique de la Suisse est basée sur un système fédéral. Dans ce système, le pays est divisé en cantons, chacun ayant son propre gouvernement et sa propre constitution. Cependant, les cantons sont soumis à l'autorité du gouvernement fédéral qui siège à Berne. Les cantons suisses ont une certaine autonomie et peuvent légiférer dans certains domaines, tels que l'éducation, la santé, et certaines taxes. Cependant, le gouvernement fédéral a le pouvoir final dans de nombreux domaines clés, tels que la défense, les affaires étrangères, et la politique monétaire. Dans cet arrangement, la Confédération, les cantons et les communes ont chacun des compétences et des responsabilités clairement définies. Ce partage des pouvoirs permet d'assurer un équilibre entre l'autonomie régionale et l'unité nationale, ce qui est une caractéristique clé des systèmes fédéraux. Par conséquent, l'autorité politique du canton de Genève, bien qu'elle soit importante pour la gestion des affaires locales, est soumise à l'autorité du gouvernement fédéral suisse pour les questions qui relèvent de la compétence de ce dernier.

Sur le plan international, la souveraineté des nations est une des pierres angulaires de la politique mondiale. L'absence d'une autorité mondiale suprême signifie que les États sont souverains et sont libres de prendre leurs propres décisions. Cela est fondamentalement ancré dans le système international actuel qui est basé sur le principe de non-ingérence dans les affaires internes d'un État. Toutefois, il existe des organisations internationales, comme les Nations Unies (ONU), qui cherchent à faciliter la coopération et la coordination entre les nations. Ces organisations peuvent émettre des recommandations et définir des normes internationales, mais elles n'ont pas le pouvoir de contraindre les États à suivre ces recommandations ou à respecter ces normes. Le respect de ces normes est généralement basé sur le consentement volontaire des États. Il y a cependant certaines exceptions à ce principe, notamment lorsque la sécurité internationale est en jeu. Par exemple, le Conseil de sécurité de l'ONU a le pouvoir d'autoriser des sanctions ou l'usage de la force contre un État qui viole le droit international. Cependant, même dans ces cas, la mise en œuvre de ces décisions repose sur la volonté des États membres de l'ONU. En somme, bien qu'il existe une certaine forme de gouvernance internationale, l'absence d'un gouvernement mondial signifie que chaque État maintient sa souveraineté sur ses propres affaires.

L'absence de gouvernement mondial est souvent caractérisée comme étant un état d'"anarchie" dans la théorie des relations internationales. Ce terme "anarchie" est utilisé non pas au sens courant de désordre ou de chaos, mais pour décrire un système dans lequel il n'y a pas d'autorité supérieure qui peut imposer ses décisions aux unités constitutives du système. En d'autres termes, chaque État est souverain et libre de poursuivre ses propres intérêts comme il le juge bon, sans avoir à rendre des comptes à une autorité supérieure. Les chercheurs qui adhèrent à l'école de pensée réaliste en relations internationales considèrent l'anarchie comme une caractéristique fondamentale et inévitable du système international. Selon eux, cette anarchie crée un environnement de compétition et de méfiance, dans lequel les États doivent principalement compter sur leur propre pouvoir pour assurer leur sécurité et promouvoir leurs intérêts.

L'avenir de la politique : la Gouvernance multiniveaux

La gouvernance multiniveaux se réfère à l'idée que l'autorité et la prise de décision sont réparties à travers plus d'un niveau de gouvernement - local, régional, national et supranational. C'est un concept souvent utilisé dans le contexte de l'Union européenne, où la prise de décision est partagée entre les différents niveaux de gouvernement. Ce concept capture l'idée que la prise de décision politique n'est pas seulement l'apanage du gouvernement national, mais implique aussi des autorités à différents niveaux. Ces niveaux peuvent varier de l'échelle locale à l'échelle globale, et inclure des entités telles que les gouvernements municipaux, les régions, les organisations non gouvernementales, les entreprises et les institutions internationales.

Dans une perspective de gouvernance multiniveaux, les problèmes politiques sont souvent perçus comme nécessitant une approche multi-acteurs et multi-niveaux. Cela peut nécessiter la coordination et la coopération entre différents niveaux de gouvernement, ainsi qu'entre le secteur public et le secteur privé. L'objectif de la gouvernance multiniveaux est de rapprocher les décisions politiques des citoyens, de renforcer la démocratie et d'augmenter l'efficacité des politiques publiques. Cependant, la mise en œuvre de la gouvernance multiniveaux peut également être un défi, car elle nécessite une coordination et une coopération étroites entre différents acteurs et niveaux de gouvernement.

sources : ^[14]

La souveraineté de l'État-nation est un concept central en politique internationale. Il décrit l'autorité suprême de l'État-nation à l'intérieur de ses frontières territoriales. Cette autorité peut être exercée sans ingérence extérieure, à moins qu'elle ne soit volontairement partagée ou déléguée à travers des accords internationaux ou des organismes supranationaux.

Historiquement, l'État-nation a été l'unité principale de gouvernance et le détenteur du monopole de la violence légitime dans son territoire. Cependant, avec la mondialisation et l'augmentation des interdépendances économiques, sociales et politiques, la souveraineté de l'État-nation est de plus en plus mise en question. Il y a une complexité croissante des relations internationales avec la présence d'acteurs non étatiques tels que les organisations internationales, les organisations non gouvernementales, les entreprises multinationales et même des individus qui peuvent exercer une influence significative sur la scène mondiale.

Dans le contexte de la gouvernance multiniveaux, l'État-nation n'est plus la seule autorité compétente. Il partage désormais cette compétence avec d'autres niveaux de gouvernement, notamment local, régional et supranational. Ainsi, l'autorité politique ne se limite plus aux frontières nationales, mais s'étend à travers les différents niveaux de gouvernement, ce qui soulève de nouvelles questions sur l'exercice de la souveraineté dans l'ère moderne.

La mondialisation a engendré une reconfiguration significative de la souveraineté traditionnellement détenue par l'État-nation. Ce phénomène peut être analysé à travers ces quatre axes de déplacement de l'autorité :

Vers le haut : Dans ce processus, l'État-nation cède une partie de son autorité aux organisations internationales. Cela est souvent fait pour atteindre des objectifs communs qui sont plus efficacement gérés à l'échelle mondiale. Par exemple, en rejoignant les Nations Unies, un pays accepte d'adhérer à une série de règles et de normes internationales, ce qui limite sa souveraineté dans certaines matières.
Vers le bas : Ici, l'État-nation délègue certaines de ses responsabilités aux gouvernements infranationaux, tels que les régions ou les municipalités. Ce processus peut aider à répondre de manière plus efficace et adaptée aux besoins et particularités locales.
Latéralement : Ce mouvement décrit le transfert d'autorité vers des acteurs transnationaux non étatiques, tels que les entreprises multinationales ou les organisations non gouvernementales. Ces entités peuvent exercer un pouvoir important à l'échelle mondiale, influençant les décisions politiques et économiques.
Vers la droite : Ce déplacement se réfère à la délégation d'autorité vers des entités régionales intégrées qui transcendent les frontières nationales. On peut penser à des blocs économiques et politiques tels que l'Union européenne ou le Mercosur. Cette intégration régionale permet souvent une coordination plus efficace et un poids accru sur la scène internationale.

Chacun de ces mouvements illustre une transformation significative de la gouvernance à l'ère de la mondialisation, où l'État-nation n'est plus l'unique détenteur de la souveraineté et où une plus grande coopération et coordination sont nécessaires pour répondre aux défis mondiaux.

La notion d'autorité est plus complexe et fragmentée que jamais dans le contexte de la mondialisation. La gouvernance n'est plus uniquement le domaine des acteurs étatiques mais implique désormais une multitude d'acteurs privés qui jouent un rôle crucial dans la conduite des affaires mondiales. Des entreprises multinationales aux organisations non gouvernementales, en passant par des groupes d'intérêt divers, ces acteurs privés sont souvent en mesure d'influencer les politiques et les normes à l'échelle mondiale. Ils peuvent ainsi contribuer à la formation de règles internationales, à la résolution de conflits et à la promotion de divers objectifs globaux, tels que le développement durable, les droits de l'homme, la sécurité, etc. Il est également important de noter que ces acteurs privés ont des intérêts variés et parfois divergents, ce qui peut créer des défis de coordination et de responsabilité. En outre, leur pouvoir croissant soulève également des questions importantes concernant la légitimité et la transparence de leurs actions.

Dans ce contexte, le concept de gouvernance a évolué pour englober ces nouvelles dynamiques. La gouvernance globale est donc de plus en plus comprise comme un processus complexe et multidimensionnel qui implique une diversité d'acteurs et d'institutions, opérant à différents niveaux, du local au global, et dans divers secteurs, du public au privé.

La gouvernance multiniveaux est un phénomène complexe qui est marqué par plusieurs caractéristiques clés :

Prise de décisions partagée : La première caractéristique est que les décisions politiques sont prises par diverses entités situées à différents niveaux politiques. Cela peut comprendre des entités locales, régionales, nationales, supra-nationales et mondiales. Chaque niveau de gouvernance peut avoir son propre ensemble de compétences et de responsabilités, et la prise de décision est souvent le résultat d'un processus de négociation et de coordination entre ces différents niveaux.
Interactions réciproques : Une deuxième caractéristique est que les influences entre les différents niveaux de gouvernance ne sont pas unilatérales, mais réciproques. Autrement dit, les développements à un niveau peuvent avoir un impact significatif sur les autres niveaux, et vice versa. Par exemple, une décision prise au niveau national peut influencer les politiques au niveau local, mais les initiatives locales peuvent également façonner les politiques nationales.
Types divers de régulations et partenariats : Enfin, la gouvernance multiniveaux comprend différents types de régulations et de partenariats. Cela peut inclure des arrangements de coopération formels et informels entre entités publiques et privées, tels que les partenariats public-privé, ainsi que divers mécanismes de régulation qui peuvent aller de la réglementation directe par l'État à la gouvernance par le marché.

En somme, la gouvernance multiniveaux est un processus complexe qui implique une variété d'acteurs opérant à différents niveaux, et qui est marqué par des relations réciproques et des mécanismes de régulation diversifiés.

1) Des entités variées à différents niveaux politiques prennent des décisions politiques.

Dans le cadre de la gouvernance multiniveaux, les décisions politiques sont prises par différentes entités qui opèrent à différents niveaux. Cela peut comprendre diverses échelles de gouvernement - locales, régionales, nationales, et internationales - ainsi que d'autres types d'organisations, comme les organisations non gouvernementales, les institutions supranationales (comme l'Union Européenne ou les Nations Unies), et même les entités du secteur privé dans certains cas.

Chaque entité a sa propre zone d'influence et de compétence, et les décisions sont souvent prises à travers un processus de négociation et de consensus entre ces différentes parties prenantes. Par exemple, une décision de politique environnementale peut nécessiter des discussions entre les gouvernements locaux, régionaux et nationaux, ainsi que des organisations environnementales et des entreprises du secteur privé.

2) Il existe des influences qui ne sont pas unilatérales, mais plutôt réciproques entre ces différents niveaux, où les développements à un certain niveau ont des impacts significatifs sur d'autres niveaux et vice versa.

Dans la gouvernance multiniveaux, il existe des influences réciproques et non unilatérales entre les différents niveaux de prise de décision. Autrement dit, ce qui se passe à un niveau peut avoir un impact significatif sur les autres niveaux, et vice versa.

Pour illustrer, prenons le cas d'une décision politique prise à l'échelle internationale, comme l'adoption d'un accord climatique mondial. Cette décision peut influencer la politique environnementale à l'échelle nationale, qui à son tour peut avoir un impact sur les politiques régionales et locales. Parallèlement, des changements à l'échelle locale, comme l'adoption de technologies d'énergie renouvelable, peuvent également avoir un impact sur les politiques nationales et potentiellement influencer les discussions internationales.

En outre, les acteurs à chaque niveau ne sont pas isolés les uns des autres, mais interagissent et communiquent constamment. Cela peut signifier que les changements à un niveau peuvent être le résultat d'influences venant de plusieurs autres niveaux. Dans cet environnement interconnecté, il est crucial pour les décideurs politiques de comprendre les dynamiques à chaque niveau et d'adopter une approche holistique de la résolution des problèmes.

Un accord international comme le Protocole de Kyoto a des répercussions sur les États signataires qui s'engagent à respecter certaines conditions. En l'occurrence, le Protocole de Kyoto visait à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Une fois qu'un pays, comme les États-Unis, signe et ratifie un tel accord, il s'engage à modifier ses politiques internes pour atteindre les objectifs fixés.

Cela peut impliquer de mettre en œuvre diverses mesures, comme la révision des réglementations environnementales, l'incitation à l'adoption de technologies plus propres, la création de taxes carbone ou de systèmes d'échange de quotas d'émission, etc. Ces changements peuvent avoir un impact considérable sur différents secteurs de l'économie nationale, des industries lourdes à l'énergie, en passant par les transports et l'agriculture.

C'est un exemple de la manière dont une décision prise au niveau international (l'accord sur le Protocole de Kyoto) peut influencer les politiques nationales (les États-Unis modifiant leurs politiques environnementales), ce qui est caractéristique de la gouvernance multiniveaux. Cependant, il est également important de noter que la mise en œuvre effective de ces accords dépend fortement de la volonté politique et de la capacité des États signataires à agir.

3) Il existe des interactions mutuelles entre les différents niveaux qui comportent divers types de régulations, notamment divers types de partenariats entre les secteurs privé et public.

La gouvernance multiniveaux implique des interactions réciproques entre différents niveaux, du local à l'international. Chaque niveau peut influencer les autres, et les décisions prises à un niveau peuvent avoir des répercussions sur les autres. Cela peut se traduire par différents types de régulations, adaptées à chaque niveau. L'un des aspects de cette interaction concerne les partenariats public-privé. Ces partenariats sont des accords entre les gouvernements et les entreprises privées pour financer et gérer des projets d'intérêt public. Ils peuvent prendre diverses formes et être utilisés dans de nombreux domaines, comme l'infrastructure, l'éducation, la santé, l'environnement, etc.

Les partenariats public-privé sont un exemple de la façon dont la gouvernance multiniveaux peut fonctionner en pratique. Ils illustrent comment des acteurs de différents niveaux (les gouvernements à différents niveaux, les entreprises privées, parfois aussi des ONG ou d'autres organisations de la société civile) peuvent travailler ensemble pour atteindre des objectifs communs. Dans un monde de plus en plus interconnecté, cette approche de la gouvernance est de plus en plus nécessaire pour faire face aux défis complexes et transnationaux auxquels nous sommes confrontés, comme le changement climatique, la pauvreté et les inégalités, les migrations, la sécurité mondiale, etc.

La gouvernance multiniveaux permet d'envisager un éventail de régulations allant de la régulation purement publique à la régulation purement privée. Cela se traduit par une diversité de types de partenariats public-privé, à savoir :

Régulation publique : Dans ce scénario, le gouvernement ou une institution publique prend l'initiative de réguler un secteur ou une industrie. Cela peut se faire par le biais de lois, de réglementations ou de directives. Par exemple, l'État peut décider de réguler les émissions de carbone des industries pour protéger l'environnement.
Régulation mixte : C'est un modèle hybride où le public et le privé partagent la responsabilité de la régulation. Un exemple de ce type de partenariat pourrait être la mise en place d'un cadre réglementaire par le gouvernement pour une industrie donnée, mais avec des entreprises qui auto-régulent certains aspects dans le cadre de ce système (par exemple, en créant des normes industrielles).
Régulation privée : Dans ce scénario, ce sont les acteurs privés qui prennent l'initiative de réguler. Cela peut être le cas dans certaines industries où les entreprises établissent leurs propres normes et régulations, souvent par le biais de groupes ou d'associations industrielles. Par exemple, l'industrie du logiciel a développé des normes de codage et de sécurité qui sont largement respectées par les entreprises du secteur.

Il est important de noter que la plupart des régulations modernes ne tombent pas strictement dans l'une ou l'autre de ces catégories, mais se situent quelque part entre les deux. La combinaison spécifique de régulation publique et privée peut varier en fonction du secteur, du pays et du contexte politique et économique spécifique.

Une législation publique qui exclurait complètement les acteurs privés sont les décisions par exemple de la FIMNA qui est l’entité en Suisse qui supervise le secteur financier a ordonnée la transmission de données bancaires sur certains clients à des banques américaines. Dans ce cas, nous avons un exemple de régulation publique où l'organe de régulation, la FINMA (Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers) en Suisse, a pris une décision unilatérale. La FINMA a ordonné à certaines banques de transmettre des données bancaires concernant certains clients à des banques américaines. Cette décision pourrait être liée à des obligations réglementaires internationales, à des enquêtes sur des activités financières illégales ou à des efforts pour améliorer la transparence du secteur financier.

La consultation des acteurs privés dans les processus de prise de décision publique est devenue une pratique courante, et elle est considérée comme un moyen précieux d'intégrer des perspectives diverses et souvent expertes dans la formulation des politiques. Ce processus est parfois appelé "co-régulation" car il implique à la fois le gouvernement (l'autorité publique) et les entités privées (entreprises, ONG, etc.). C'est un aspect crucial de la gouvernance multiniveaux. La consultation des acteurs privés peut prendre plusieurs formes, comme des forums de discussion publics, des tables rondes, des groupes de travail et des sondages. Ces consultations permettent aux acteurs privés de donner leur avis sur les propositions de réglementation et d'offrir des solutions alternatives ou des modifications. Cette approche peut aider à créer des réglementations plus efficaces et plus équilibrées, car elle prend en compte les perspectives de ceux qui seront directement affectés par les nouvelles règles. Cependant, il est important que ce processus soit transparent et équitable pour éviter que certains groupes d'intérêts n'aient une influence disproportionnée sur la politique.

Les codes de conduite des entreprises, en particulier ceux des grandes multinationales, sont un exemple important de régulation privée. Ces codes définissent généralement les normes et les attentes de l'entreprise en matière d'éthique, de comportement et de responsabilité sociale. Par exemple, Nike, a adopté des codes de conduite pour réguler le comportement de ses fournisseurs dans les pays en développement. Ces codes peuvent inclure des directives sur le respect des droits de l'homme, des normes de travail justes et sûres, et des pratiques environnementales durables.

Cependant, l'efficacité de ces codes dépend en grande partie de la volonté et de la capacité de l'entreprise à les appliquer et à les faire respecter. Les codes de conduite privés peuvent souvent être mis en place pour améliorer l'image publique de l'entreprise, mais sans un véritable engagement et des mécanismes de contrôle efficaces, ils peuvent ne pas entraîner de changements significatifs sur le terrain. De plus, bien que les codes de conduite privés puissent combler certains vides en matière de réglementation dans les pays où les gouvernements n'ont pas la capacité ou la volonté d'appliquer les lois du travail, ils ne peuvent pas se substituer à une réglementation publique efficace. Ils devraient plutôt être considérés comme un complément à une réglementation publique solide.

Les codes de conduite des entreprises constituent un exemple majeur de régulation privée dans l'économie mondiale. Ils permettent aux entreprises d'établir des normes et des règles de conduite pour leurs opérations, et en particulier pour leurs chaînes d'approvisionnement qui s'étendent souvent sur plusieurs pays. Les codes de conduite peuvent aborder diverses questions, comme le respect des droits de l'homme, les normes de travail, la corruption, l'éthique commerciale, la protection de l'environnement, et bien d'autres. En les mettant en place, les entreprises s'engagent volontairement à respecter certaines normes, souvent au-delà de ce qui est exigé par la loi.

Cependant, ces codes de conduite privés ont aussi fait l'objet de critiques. Certains s'inquiètent du fait qu'ils sont souvent mis en œuvre sans une supervision ou une vérification indépendante suffisante. De plus, ils peuvent parfois servir d'écran de fumée pour détourner l'attention des pratiques commerciales controversées. Néanmoins, dans un monde où les entreprises opèrent de plus en plus à l'échelle mondiale, avec des chaînes d'approvisionnement qui traversent plusieurs juridictions, la régulation privée sous forme de codes de conduite joue un rôle de plus en plus important dans la gouvernance de l'économie mondiale.

La gouvernance multiniveau est définie par l'existence d'une multitude de relations réciproques entre différents niveaux d'autorité. Le concept illustre la façon dont la prise de décision et l'action publique sont réparties entre différents niveaux de gouvernement (local, régional, national, international) et comment ces niveaux interagissent entre eux.

Dans le système de gouvernance multiniveau, les décisions ne sont pas seulement prises au sommet par un gouvernement central, mais aussi à des niveaux plus bas, par des autorités locales ou régionales, par exemple. De plus, ces niveaux de gouvernement peuvent également interagir entre eux, par exemple, à travers des mécanismes de coordination ou de coopération. Cette forme de gouvernance est de plus en plus courante dans des contextes tels que l'Union européenne, où les décisions sont prises à plusieurs niveaux : local, national et supranational. Elle peut aussi être vue dans le contexte de la gestion des ressources naturelles, où des acteurs locaux, nationaux et internationaux peuvent tous avoir un rôle à jouer.

L'une des clés de la gouvernance multiniveau est que les acteurs à tous les niveaux ont une certaine autonomie et une certaine capacité à influencer les résultats. Cela crée une complexité supplémentaire, car les différents niveaux peuvent avoir des objectifs et des priorités différents, mais cela peut aussi permettre une plus grande flexibilité et une meilleure capacité à répondre aux défis spécifiques à différents niveaux.

Ce graphique démontre l'évolution significative des organisations internationales conventionnelles, passant d'un total de 37 au début du XXème siècle à plus de 246 en 2006. De plus, il illustre l'importance croissante des acteurs transnationaux, notamment des organisations non gouvernementales, dont le nombre a connu une augmentation spectaculaire, en particulier depuis la seconde moitié du XXème siècle.

Ces chiffres illustrent l'expansion significative des organisations internationales et des organisations non gouvernementales (ONG) depuis le début du 20ème siècle. Ces organisations jouent un rôle crucial dans la gouvernance mondiale, en complétant ou en défiant parfois l'autorité des États-nations. Les organisations internationales, comme les Nations Unies, l'Organisation mondiale de la santé ou le Fonds monétaire international, sont des instances qui cherchent à réguler des questions qui transcendent les frontières nationales, comme la santé publique, les questions économiques ou la paix et la sécurité internationales. Parallèlement, le rôle des ONG s'est également développé de manière significative. Elles peuvent intervenir dans un large éventail de domaines, tels que les droits de l'homme, l'environnement, le développement, et bien d'autres. Les ONG peuvent exercer une influence significative, tant au niveau national qu'international, et elles jouent souvent un rôle de médiateur entre la société civile et les structures officielles de prise de décision.

Cette expansion des organisations internationales et des ONG reflète le développement de la gouvernance multiniveau et de la gouvernance globale, qui reconnaissent que les défis mondiaux ne peuvent être résolus par les États-nations agissant seuls. Il s'agit là d'une évolution importante de la manière dont les affaires mondiales sont gérées et régulées.

L'importance grandissante des entreprises multinationales se fait clairement ressentir, comme le montre l'augmentation du nombre de leurs filiales principales. Dans les années 1980, on en comptait environ 700. Aujourd'hui, ce nombre est passé à plus de 80 000, témoignant de leur expansion et de leur influence croissante dans l'économie mondiale.

Il est indéniable que les entreprises multinationales jouent un rôle de plus en plus prédominant sur la scène mondiale. Elles ont une capacité accrue à influencer les politiques économiques, environnementales et sociales à travers leurs opérations internationales. Une entreprise multinationale mère possède et gère plusieurs filiales dans différents pays. Par exemple, une grande entreprise technologique basée aux États-Unis peut avoir des filiales en Europe, en Asie et en Amérique Latine. Ces filiales sont souvent établies pour profiter de ressources spécifiques ou pour se rapprocher des marchés cibles. L'augmentation du nombre de filiales mères de 700 dans les années 1980 à plus de 80 000 aujourd'hui témoigne de l'extension rapide de la mondialisation et de l'intégration économique mondiale. Cela a des implications importantes pour la gouvernance mondiale, car ces entreprises ont souvent plus de pouvoir économique que certains États et peuvent exercer une influence significative sur les politiques et régulations locales et internationales. De plus, le rôle croissant des multinationales soulève des questions sur la responsabilité sociale des entreprises et sur la façon dont elles peuvent être tenues responsables de leurs actions à l'échelle mondiale. Il met également en évidence le besoin de mécanismes de gouvernance mondiale plus efficaces pour réguler leurs activités et pour garantir qu'elles contribuent de manière positive à la société.

L'internationalisation des entreprises est un phénomène en pleine croissance, encouragé par la mondialisation et le développement des technologies de l'information et de la communication. Elle est visible à travers plusieurs aspects :

Création de filiales à l'étranger : De nombreuses entreprises cherchent à étendre leur présence à l'étranger en créant des filiales. Ces dernières leur permettent d'accéder à de nouveaux marchés, d'obtenir des ressources locales, et d'échapper à certaines contraintes domestiques. On a ainsi assisté à une croissance exponentielle du nombre de filiales à l'étranger depuis les années 1980.
Délocalisation de la production : Les entreprises cherchent à minimiser leurs coûts de production en délocalisant certaines de leurs opérations dans des pays où la main-d'œuvre est moins chère. Ce phénomène a contribué à la formation de chaînes de valeur globales, où différentes étapes de la production sont effectuées dans divers pays.
Collaborations et partenariats internationaux : Les entreprises se tournent de plus en plus vers des collaborations et des partenariats internationaux pour accéder à des compétences et à des technologies spécifiques, ou pour partager les risques associés à des projets coûteux ou incertains.
Influence sur les politiques publiques : Avec leur taille et leur poids économique croissants, les entreprises multinationales ont acquis une influence significative sur les politiques publiques, tant au niveau national qu'international. Elles peuvent par exemple faire pression pour obtenir des réglementations favorables ou pour influencer les normes commerciales internationales.

L'internationalisation des entreprises a de profondes implications pour l'économie mondiale, les sociétés, et la gouvernance globale. Elle soulève aussi des défis en matière de régulation, d'équité et de durabilité. Ainsi, la compréhension de cette dynamique et de ses conséquences est essentielle pour les décideurs politiques, les dirigeants d'entreprise, et la société en général.

Les blocs régionaux, comme l'Union européenne, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) ou le Mercosur en Amérique du Sud, ont transformé l'équilibre du pouvoir et la nature de la souveraineté.

Pour l'Union européenne en particulier, il est clair que la souveraineté nationale des États membres a été modifiée de manière significative dans certains domaines. En voici quelques-uns :

Politique commerciale : L'UE a la compétence exclusive en matière de politique commerciale, ce qui signifie qu'elle négocie et conclut des accords commerciaux au nom de tous ses États membres. Par conséquent, les États membres ont perdu une grande partie de leur pouvoir décisionnel en matière de commerce extérieur.
Politique monétaire : Les États membres de la zone euro ont transféré leur pouvoir en matière de politique monétaire à la Banque centrale européenne. Ils ne peuvent plus déterminer leur propre taux d'intérêt ou émettre leur propre monnaie.
Règles de concurrence : Les règles de l'UE en matière de concurrence ont une portée très large et peuvent affecter de nombreux aspects de l'économie d'un État membre.
Normes environnementales : L'UE a établi un certain nombre de normes environnementales strictes que tous les États membres doivent respecter.

Cependant, le degré d'érosion de la souveraineté nationale varie en fonction des domaines. Par exemple, en matière de défense et de politique étrangère, les États membres de l'UE conservent une grande part de leur souveraineté. De plus, l'érosion de la souveraineté dans certains domaines peut être vue comme un échange pour une plus grande influence collective et une meilleure capacité à relever les défis transnationaux.

Sur une échelle de 1 à 5, 1 signifie que l'autorité est principalement exercée au niveau des États-nations, tandis que 5 indique une autorité pleinement déployée au niveau de l'Union européenne. Il existe une gradation progressive entre ces deux extrêmes, où une augmentation de l'échelle signifie une réduction des décisions prises au niveau national et une augmentation des décisions prises à l'échelle supranationale. 1 représente une situation dans laquelle l'autorité est principalement exercée par l'État-nation, et 5 une situation dans laquelle l'autorité est entièrement exercée par une entité supranationale, comme l'Union européenne. Les valeurs intermédiaires sur l'échelle représentent un équilibre changeant de pouvoir, avec moins de décisions prises au niveau national et plus de décisions prises au niveau supranational à mesure qu'on monte sur l'échelle. En d'autres termes, cette échelle sest un moyen de mesurer le degré de supranationalité dans la gouvernance - où un score plus élevé indique une plus grande délégation d'autorité à une entité supranationale par rapport à l'autorité nationale.

La Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), créée en 1951, est considérée comme la première étape vers une intégration économique et politique européenne. Elle rassemblait six pays (Allemagne, France, Italie, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg) et avait pour objectif de mettre en commun la gestion de la production de charbon et d'acier, deux ressources industrielles cruciales. Cette initiative était en partie une réponse aux deux guerres mondiales dévastatrices du début du 20ème siècle : en plaçant la production de ces ressources stratégiques sous une autorité commune, on cherchait à rendre une nouvelle guerre en Europe impensable et matériellement impossible. En 1957, ces mêmes pays ont signé les Traités de Rome qui ont établi la Communauté économique européenne (CEE) et l'Euratom, étendant ainsi l'intégration à d'autres domaines économiques.

Ce processus d'intégration économique a eu pour conséquence une érosion progressive de la souveraineté nationale dans ce domaine. En effet, les politiques économiques au sein de l'Union européenne sont désormais souvent définies et mises en œuvre à un niveau supranational. Cela signifie que les décisions concernant des questions importantes, telles que les normes commerciales, les politiques monétaires et fiscales, sont prises collectivement par les États membres de l'UE, plutôt que par chaque pays individuellement. C'est dans ce contexte que le concept de gouvernance multiniveaux a émergé, reflétant la complexité croissante de ces arrangements institutionnels et le partage de l'autorité entre les différents niveaux de gouvernement - local, national et supranational.

La politique sociale est un domaine qui est traditionnellement très lié à la souveraineté nationale. Dans ce domaine, les pays ont des histoires, des cultures et des systèmes différents, ce qui rend difficile la création de politiques communes à l'échelle de l'Union européenne. En Europe, la politique sociale comprend un éventail d'activités très large, allant des soins de santé à l'éducation, en passant par l'aide aux personnes âgées, la protection de l'enfance, l'aide au logement, et la régulation du marché du travail, entre autres. Ces politiques sont fortement ancrées dans les traditions nationales et sont souvent le résultat de compromis sociaux spécifiques à chaque pays.

Dans le cadre de l'Union européenne, la politique sociale est principalement du ressort des États membres. L'UE a cependant un rôle de coordination et de soutien, en encourageant la coopération entre les États membres et en fournissant des directives pour les politiques dans certains domaines, comme l'égalité des genres et la non-discrimination. En outre, l'Union européenne a mis en place des règles pour la libre circulation des travailleurs et la coordination des systèmes de sécurité sociale au sein de l'UE, mais la mise en œuvre de ces règles reste largement du ressort des États membres. C'est pour cette raison que l'intégration de la politique sociale au niveau européen est moins avancée que dans d'autres domaines, comme l'économie.

En ce qui concerne la sécurité interne, l'Union européenne a fait des progrès considérables dans l'intégration des politiques et des pratiques. Par exemple, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) coordonne et aide les États membres dans la gestion de leurs frontières extérieures. De plus, la coopération policière (via Europol) et judiciaire (via Eurojust) est de plus en plus développée au sein de l'UE. Par contre, en ce qui concerne la sécurité externe et la défense, l'intégration est beaucoup moins avancée. La politique de défense reste largement du ressort des États membres, et il n'existe pas d'armée commune de l'UE. Il y a eu certaines initiatives pour renforcer la coopération en matière de défense, comme la Coopération Structurée Permanente (PESCO) lancée en 2017, mais ces initiatives sont encore en cours de développement et n'ont pas abouti à une intégration complète. La différence entre ces deux domaines reflète à la fois les priorités de l'UE et les limites de l'intégration européenne. Alors que l'Union a toujours été plus orientée vers la gestion des questions internes et la promotion de la coopération économique, la défense et la sécurité externe ont été des domaines où la souveraineté nationale a été plus résistante à l'intégration.

Il est vrai que dans de nombreux pays, il y a eu une tendance croissante à décentraliser certaines compétences et à accorder davantage d'autonomie aux régions. Cette décentralisation, ou dévolution de pouvoir, est souvent motivée par la volonté de rapprocher le gouvernement des citoyens, d'adapter les politiques publiques aux besoins spécifiques de certaines régions, et parfois de répondre à des revendications régionalistes ou nationalistes. L'exemple de la Catalogne en Espagne est particulièrement significatif. Depuis le rétablissement de la démocratie en Espagne à la fin des années 1970, la Catalogne a acquis une grande autonomie, avec son propre gouvernement et son propre parlement, et des compétences importantes dans des domaines comme l'éducation, la santé, et la culture. Cependant, ces dernières années, le désir de certains Catalans d'acquérir une indépendance complète a créé des tensions avec le gouvernement central espagnol. Cependant, il est important de noter que le degré de décentralisation varie grandement d'un pays à l'autre. Certains pays, comme la France, ont une tradition plus centralisée, tandis que d'autres, comme l'Allemagne ou la Belgique, sont des États fédéraux où les régions ou les États fédérés ont des compétences importantes. En résumé, la gouvernance multiniveau est de plus en plus la norme dans beaucoup de pays, avec des décisions politiques prises à plusieurs échelons - local, régional, national, et parfois supranational - et avec une interaction constante entre ces différents niveaux de gouvernement.

L'une des tâches principales de la science politique est d'analyser et de comprendre la complexité des interactions entre les différents niveaux de gouvernance. Ces interactions peuvent être de nature différente : certaines sont plus directes et clairement institutionnalisées, comme dans le cas des compétences officiellement déléguées par un gouvernement national à une autorité régionale, ou des obligations imposées par les traités internationaux. D'autres interactions sont moins formelles, mais pas moins importantes. Par exemple, les décisions prises au niveau international ou supranational peuvent influencer la politique nationale par le biais de "soft power" ou de normes sociales et culturelles. De même, les mouvements sociaux ou les tendances politiques qui émergent au niveau local peuvent finir par influencer la politique nationale, voire internationale. La science politique cherche également à comprendre comment ces interactions peuvent être affectées par divers facteurs, tels que les conditions économiques, les structures sociales, les valeurs culturelles et les idéologies politiques. L'objectif ultime de cette analyse est de fournir des informations précieuses pour la prise de décision politique et pour la conception de politiques publiques efficaces.

La signature par la Suisse de l'accord de libre-échange avec l'Europe a conduit à une série de réactions en chaîne à différents niveaux de gouvernance. D'une part, l'accord a renforcé la coopération intercantonale en Suisse, les cantons se rendant compte qu'ils devaient travailler ensemble pour naviguer dans le nouveau paysage politique et économique créé par l'accord. Cela a également renforcé la collaboration entre le gouvernement fédéral suisse et les gouvernements cantonaux, car les accords bilatéraux ont eu des implications dans des domaines tels que la sécurité et l'éducation, qui relèvent de la compétence des cantons. D'autre part, l'accord a également renforcé les relations entre l'État fédéral suisse et les autorités européennes à Bruxelles. Les accords de libre-échange sont des instruments complexes qui nécessitent un suivi, une interprétation et une mise en œuvre réguliers, ce qui signifie que les fonctionnaires suisses et européens doivent être en contact régulier et travailler ensemble pour s'assurer que l'accord fonctionne comme prévu. Tout cela illustre comment une seule décision politique, dans ce cas la signature d'un accord de libre-échange, peut avoir des répercussions à plusieurs niveaux de gouvernance et nécessiter une coordination et une coopération accrues entre différents acteurs politiques. Cela souligne également l'importance de la gouvernance multiniveau et de l'interdépendance dans le monde moderne.

Anexos

Referencias

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[2] Tilly, Charles, Peter B. Evans, Dietrich Rueschemeyer, AMD Theda Skocpol. War Making and State Making as Organized Crime. Cambridge: Cambridge UP, 1985.

[3] North, Douglass C. Estructura y cambio en la historia económica. Nueva York: Norton, 1981.

[4] Clark, William Roberts, Matt Golder, AMD Sona Nadenichek. Golder. Principios de política comparada. Washington, D.C.: CQ, 2009.

[5] Huntington, Samuel P. Political order in changing societies. Yale university press, 2006.

[6] Clark, William Roberts, Matt Golder y Sona Nadenichek Golder. Principios de política comparada. CQ Press, 2017.

[7] Weber, Max, AMD Talcott Parsons. La teoría de la organización social y económica. Nueva York: Free, 1964.

[8] Rousseau, Jean-Jacques, AMD Ronald Grimsley. Del Contrato Social. Oxford: Clarendon, 1972.

[9] Krasner, Stephen D. Sovereignty: Organized Hypocrisy. Princeton University Press, 1999. JSTOR, http://www.jstor.org/stable/j.ctt7s9d5.

[10] Rodrik, Dani. 2000. "¿Hasta dónde llegará la integración económica internacional?". Journal of Economic Perspectives, 14 (1): 177-186. DOI: 10.1257/jep.14.1.177

[11] Held, David, Anthony McGrew, David Goldblatt, and Jonathan Parraton. Global Transformations: Politics, Economics and Culture. Stanford, CA: Stanford UP, 1999.

[12] Keohane, Robert O., and Joseph S. Nye. “Globalization: What’s New? What’s Not? (And So What?).” Foreign Policy, no. 118, 2000, pp. 104–19. JSTOR, https://doi.org/10.2307/1149673.

[13] Rodrik, Dani. The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy. New York: W. W. Norton, 2011.

[14] Kahler, Miles, and David A. Lake. Governance in a Global Economy: Political Authority in Transition. Princeton, NJ: Princeton UP, 2003

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 En términos de soberanía interdependiente, esto significa que en un mundo cada vez más globalizado, el Estado nación puede tener dificultades para controlar todos los aspectos de su economía y su sociedad, ya que cada vez está más influido por fuerzas externas, como los flujos de capital, bienes, servicios e información. Esto puede limitar su capacidad para aplicar políticas públicas independientes y responder a las preferencias de sus ciudadanos, lo que a su vez puede repercutir en la legitimidad y la estabilidad del Estado.
-= L'impact de la Mondialisation =
+= El impacto de la globalización =
-== Qu’est-ce que la mondialisation ? ==
+== ¿Qué es la globalización? ==
 Selon Held, McGrew, Goldblatt et Perraton dans leur ouvrage "Global Transformations: Politics, Economics and Culture" publié en 1999, la mondialisation est définie comme "l'élargissement, l'approfondissement et l'accélération de l'interconnexion globale".<ref>Held, David, Anthony McGrew, David Goldblatt, and Jonathan Parraton. Global Transformations: Politics, Economics and Culture. Stanford, CA: Stanford UP, 1999.</ref> Dans ce contexte, "l'élargissement" fait référence à l'extension des liens et des connexions à travers le monde, à travers les continents et les pays. C'est une indication de la portée géographique des réseaux et des systèmes de relations et d'interactions mondiales. "L'approfondissement" fait référence à l'intensification des niveaux d'interaction et d'interdépendance entre les acteurs et les systèmes à l'échelle mondiale. Cela se traduit par des liens plus étroits et plus nombreux entre les sociétés, les économies, les cultures et les institutions politiques. Enfin, "l'accélération" fait référence à l'augmentation de la vitesse des interactions et des processus mondiaux. Grâce à l'évolution des technologies de l'information et de la communication, l'information, les idées, le capital, les biens, les services et les personnes se déplacent de plus en plus rapidement à travers les frontières et les régions. En d'autres termes, la mondialisation implique une augmentation et une intensification des liens et des flux entre les pays et les régions du monde. Cela comprend le commerce, l'investissement, la migration, les échanges culturels, l'information et la technologie, ce qui, à son tour, peut avoir des effets profonds sur les économies, les sociétés, les cultures et les politiques.

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